El procedimiento de certificación ambiental centralizado del SENACE
Vivimos en un contexto histórico especial donde la humanidad ha provocado una situación delicada con su propio ambiente. El severo deterioro del ambiente en diferentes partes del planeta permite detallar la importancia de los mecanismos legales, técnicos y sociales de control, fiscalización y evaluación de las actividades extractivas y de explotación de recursos minerales, de gas, de recursos no metálicos y naturales, en forma general.
Ante esta realidad, las críticas sociales permitieron desarrollar una serie de acciones que han condicionado la modificación de las políticas públicas ambientales en la mayor parte de los países porque se registraba una condición negativa de las autoridades políticas ante las condiciones económicas y políticas que se relacionan en estos ámbitos.
Bajo estas condiciones, ha sido la población organizada quien comenzó a establecer procedimientos de regulación que inicialmente se proyectó en la actividad comercial, extendiéndose al ámbito de la gestión ambiental.
De esta manera, el Estado comenzó a ejecutar las evaluaciones a las iniciativas que se presentaban en la explotación de determinados territorios en función a la actividad a ser ejecutada en forma específica. Esta evaluación positiva o negativa permitió detallar aspectos puntuales en la actividad extractiva que permitan su sostenibilidad y también su legitimidad como actividad productiva y su legalidad ante la comunidad y el propio Estado.
En forma paralela, el Estado iniciaba un proceso de ampliación de sus aparatos de verificación, evaluación, seguimiento y fiscalización especializados en el ámbito ambiental que en el tiempo permitió sustentar la importancia de un Ministerio identificado con esta realidad, sobre la cual se planteó un marco normativo que incluía la certificación ambiental.
Lo detallado no se desarrolló en un espacio de tiempo corto, muy por el contrario, las marchas y contramarchas ante la presión social que exigía una mejor tutela del ambiente que incluía la mejora de los procedimientos de control del Estado y las exigencias de la industria extractiva para efectos de mantener o ampliar sus expectativas económicas en la ejecución de sus actividades debían estar relacionadas con las licencias que obtenían del Estado.
Un panorama técnico, especializado y de alta sensibilidad social que es ampliado y detallado por Henry Oleff Carhuatocto Sandoval en un segundo y complementario documento, luego de haber publicado el libro “La participación ciudadana en la Certificación Ambiental” (Lima, 2024).
Consecuentemente, el ámbito de desarrollo profesional y académico en esta oportunidad nos permite detallar la obligatoria revisión interdisciplinaria de la protección al ambiente, especialmente cuando en la investigación se acreditan algunos inconvenientes de carácter técnico-administrativo-institucional, se detallan situaciones que requieren de una mejora normativa y se garantiza una condición que probablemente no pueda ser difundida de modo diligente a la población.
La directa correlación entre el ambiente con las poblaciones indígenas permite detallar la importancia de la obra porque se trata de evaluar la actividad que ejecuta el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), en el territorio nacional en función a la negativa aplicación de los Estudios de Impacto Ambiental
al relativizados por parte de las empresas extractivas que no toman en cuenta el impacto que podría provocar sus actividades en un determinado territorio.
Al público lector, se le invita a la lectura de este documento para poder apreciar y comprender una dinámica que está condicionada a lo administrativo y regulatorio, factor que le condiciona a un segundo nivel porque se asume que lo preferentemente expuesto ante la opinión pública es excluyente de las acciones internas en las entidades del Estado que están vinculadas al procedimiento de la certificación ambiental.
