Ensayo crítico sobre el Mensaje a la Nación del 28 de julio de 2026

Hay discursos que se juzgan por lo que dicen y otros, los más reveladores, por lo que se cuidan de no decir. El primer mensaje de la señora Keiko Fujimori a la Nación pertenece a la segunda estirpe. Está bien construido: tiene ritmo, tiene cifras, tiene un cronómetro —«1826 días, ni un día más»— que le presta al conjunto un aire de método y de urgencia. Promete disciplina donde otros prometieron milagros. Y sin embargo, cuando uno aparta la superficie ordenada de las metas y los porcentajes, descubre que el texto trabaja sobre todo por sustracción: lo que gobierna el discurso no es lo que enuncia, sino la serie de silencios exactos que lo sostienen. No son olvidos. Son decisiones. Un discurso, como una norma, también se interpreta por sus omisiones.

Conviene entonces leerlo como se lee una ley: primero el texto, luego su sentido, al final su aplicación al caso. Y el caso, aquí, es un país.

I. El país que «recibimos»: la ficción fundacional

Todo el andamiaje moral del mensaje descansa en una frase repetida como un salmo: «Recibimos un país marcado por el abandono». Recibimos un Estado «debilitado por la improvisación», «a la deriva», «debilitado por la corrupción». El sujeto que recibe es inocente; el país llega a sus manos ya roto, como una herencia que otros arruinaron. La culpa se difumina en un actor sin rostro: «décadas de gobiernos que renunciaron, con indiferencia y dejadez».

Es una operación retórica de una eficacia notable, y por eso mismo hay que nombrarla. Se trata de lo que en buena lógica llamaríamos una petición de principio disfrazada de diagnóstico: se da por supuesto, sin probarlo, que la oradora es ajena al deterioro que describe. Pero la premisa es falsa, y su falsedad es verificable. La fuerza política que hoy asume el Ejecutivo es la misma que ha marcado la agenda del Congreso desde 2016: la que obstruyó gobiernos, sostuvo las sucesivas presidencias de transición tras la caída de Pedro Castillo —incluida la que reprimió a sangre en el sur— y presidió, con su aliada de turno en la testera, el Parlamento del que salieron las leyes que ahora la propia presidenta promete combatir. Quien hoy dice «recibimos» un Estado capturado tuvo durante una década la mayoría que escribía las reglas de ese Estado.

Baudrillard describió cómo el poder contemporáneo se disfraza de exterioridad, cómo produce el simulacro del recién llegado que viene a limpiar una casa que él mismo habitó. Bourdieu lo diría de otro modo: el mayor privilegio del poder simbólico es el de nombrar el mundo ocultando la propia mano en su hechura. El «país que recibimos» es esa mano oculta. Y es, también, la primera y más grande de las omisiones que el encargo pide desnudar: no hay una sola línea de autocrítica hacia la bancada que durante estos años dispuso de la llave legislativa del país —la misma que talló las leyes pro crimen, las leyes de impunidad que más adelante examinaremos, la ley que asfixia a la sociedad civil y el respaldo parlamentario a la transición que disparó contra su propio pueblo—. El «abandono» que denuncia no cayó del cielo: buena parte lleva su firma. No lo reconoce porque reconocerlo desarmaría la ficción. Uno no puede presentarse como el bombero si el incendio salió de su propia cocina.

La ficción tiene, además, un gemelo. Hacia el final, el mensaje proclama con solemnidad: «No hay dos Perú distintos; hay un solo Perú». Es una frase hermosa y falsa. Porque hay, para empezar, el Perú que no la eligió: llegó al poder en su cuarto intento, tras tres derrotas consecutivas en segunda vuelta, y esta vez por un margen inferior a cincuenta mil votos —una victoria por el filo de la navaja sobre un país partido casi en mitades. Proclamar la unidad desde ese resultado no es unir: es decretar que la propia mitad es el todo. La reconciliación no se declara en un discurso; se gana con gestos, y el primero de todos es reconocer que la otra mitad del país la mira con desconfianza y tiene, por su historia, razones para hacerlo. Un solo Perú, sí; pero no el que finge que la fractura no existe, sino el que se atreve a nombrarla y a extender la mano por encima de ella. Aquí no hay mano tendida: hay un espejo que devuelve solo el rostro del que gobierna.

II. Las leyes que no se derogan

«Con la corrupción seremos implacables», dice el texto. «Iremos tras las mafias», «seremos implacables con quienes traicionen el uniforme». El verbo ser implacable aparece con la cadencia de un juramento. Pero un juramento se mide por sus verbos operativos, y aquí falta el único que importaba: derogar.

Porque existe un cuerpo de normas —conocidas ya por su nombre público, «leyes pro crimen»— que el Ministerio Público, la sociedad civil y organismos internacionales han señalado como la arquitectura legal de la impunidad. No es una opinión de parte: Human Rights Watch las documentó en 2025 en un informe cuyo título lo dice todo, Legislar para la impunidad. Ahí están la Ley 31990, que estrechó los plazos de la colaboración eficaz, la herramienta reina contra las redes complejas; la llamada «Ley Soto», que redujo la suspensión de la prescripción y aceleró el archivo de causas por corrupción y lavado; la Ley 32108, que redefinió «organización criminal» exigiéndole una estructura tan sofisticada que, según la propia Fiscalía, deja fuera a las bandas de extorsión y sicariato que hoy asfixian al país; y la Ley 32130, que trasladó la conducción de la investigación preliminar del fiscal a la Policía, quebrando el modelo acusatorio. A ellas se suma la reforma de mayo de 2024 que excluyó a los partidos políticos de responsabilidad penal y, con ello, congeló los procesos por lavado y financiamiento ilegal de campañas —incluidos, según HRW, los que rozaban a la candidatura de la hoy presidenta en 2021.

Aquí el silencio adquiere una densidad kafkiana. La misma persona que promete guerra sin cuartel al crimen calla sobre los escudos legales que su bloque forjó para el crimen —y para sí misma. Prometer implacabilidad contra la extorsión mientras se mantiene viva la ley que impide tipificar a los extorsionadores como organización criminal no es una contradicción menor: es la contradicción central del discurso. Un país donde los homicidios crecieron 137 % entre 2018 y 2024 no necesita más cámaras; necesita, primero, que se derogue la ley que ata las manos del fiscal. De eso, ni una palabra.

III. Los muertos que el discurso no nombra

Dos veces invoca el mensaje la palabra «reconciliación». Cierra con un «¡Viva la reconciliación nacional!». Y en todo el texto —largo, detallado, pródigo en cifras de anemia y de brechas viales— no hay un solo nombre, una sola cifra, una sola coma para los cerca de cincuenta civiles que murieron por la acción de las fuerzas del orden en las protestas de diciembre de 2022 a marzo de 2023.

No es una cifra menor ni una historia saldada. Amnistía Internacional halló que al menos veinte de los casos estudiados tienen características de ejecuciones extrajudiciales; Human Rights Watch, la ONU y la Comisión Interamericana coincidieron en que hubo uso letal de armas de fuego y violaciones graves de derechos humanos. Y hay un dato que ninguna retórica de unidad puede esquivar: el 88 % de esas muertes ocurrió en el sur andino, entre gente quechuahablante, campesina, indígena. Los mismos rostros que más adelante en el discurso reaparecen —convertidos, eso sí, en estadística de desnutrición y de pobreza— son los que cayeron bajo el proyectil sin que el Estado que hoy les ofrece programas les haya ofrecido antes justicia.

Convocar la reconciliación sin nombrar a los muertos es, en boca de cualquiera, una imprudencia. En boca de una Fujimori es una elección cargada de historia, porque «reconciliación sin verdad» es precisamente la vieja gramática con que en el Perú se ha querido, más de una vez, deletrear la impunidad. Arendt lo advirtió con una lucidez que no ha envejecido: no hay reconciliación posible sin el reconocimiento previo del agravio; perdonar lo que no se ha nombrado no es perdón, es olvido administrado. Y la justicia correctiva —la que ya Aristóteles distinguía de la distributiva— exige que quien dañó responda y que quien fue dañado sea reparado, no consolado. Nada de eso asoma. La reparación integral que el derecho interamericano ordena para las víctimas —indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición— brilla por su ausencia justamente en el discurso que más habla de sanar heridas.

Y los muertos de las protestas no son los únicos ausentes de esta reconciliación. Si la palabra ha de significar algo, tendría que tender la mano —siquiera nombrarlos— a quienes la historia del fujimorismo y de los gobiernos que encumbró dejó heridos: las más de un cuarto de millón de mujeres esterilizadas contra su voluntad, campesinas y quechuahablantes en su abrumadora mayoría; los deudos de Barrios Altos y La Cantuta, que hoy ven cómo una ley de amnistía intenta arrebatarles la sentencia que tanto costó arrancar; los desplazados, los desaparecidos que aún se buscan en fosas. A ninguno se le extiende una sola palabra. Una reconciliación que no nombra a una sola de sus víctimas no es reconciliación: es amnesia con banda presidencial. Y la amnesia, cuando es de Estado, tiene otro nombre que cualquiera que haya leído el siglo pasado reconoce de inmediato: se llama negación.

Hay, además, una crueldad silenciosa en la aritmética del texto: reconoce a los pueblos del sur andino donde el reconocimiento es barato —la anemia, la ración escolar— y los desconoce donde costaría caro: la verdad, el nombre de sus muertos, la reparación. Es, en el lenguaje de Nancy Fraser, una justicia mutilada: concede una brizna de redistribución mientras niega el reconocimiento y clausura la representación de quienes ya no pueden hablar por sí mismos.

IV. La policía sin espejo

La reforma policial que anuncia el mensaje es, palabra por palabra, un programa de fortalecimiento: «le devolveremos el respeto, el equipamiento y el respaldo político»; videovigilancia interconectada, plataformas de inteligencia artificial «para anticipar y mapear el delito», centros de comando. Todo mira hacia afuera, hacia el delincuente. Nada mira hacia adentro.

El único gesto de rendición de cuentas —«seremos implacables con quienes traicionen el uniforme»— resuelve el problema de la corrupción policial con la más vieja de las coartadas: la de la manzana podrida. El corrupto es siempre un individuo que traiciona a una institución sana. Pero la corrupción y el exceso que el país ha visto no son biografías aisladas: son patrones. Fueron fuerzas del orden, no manzanas sueltas, las que dejaron medio centenar de muertos en el sur. Y de eso —del mecanismo, del control civil, de la depuración estructural, de la reparación a las víctimas de la propia policía— el discurso no dice absolutamente nada.

Foucault nos enseñó a desconfiar de los aparatos que crecen sin contrapeso. Lo que el mensaje propone —una malla nacional de vigilancia, una inteligencia artificial que «mapea» a la población, un poder de anticipación sobre el ciudadano— es la expansión de un dispositivo de seguridad al que no se le opone ninguna arquitectura de garantías. La racionalidad tecnológica, advirtió la Escuela de Fráncfort, puede volverse una forma de dominación cuando se presenta como pura eficacia, despojada de la pregunta por el poder que la maneja. Una policía con más cámaras y menos espejos no es una policía reformada: es una policía más fuerte y, quizá, más impune.

V. El juez natural: la justicia clausurada por ley

«Entablaré un diálogo con las entidades del sistema de justicia», dice el mensaje, y promete «mecanismos meritocráticos» para fortalecer a los administradores de justicia. Palabras tersas. Pero el derecho al juez natural —el juez competente, independiente e imparcial, predeterminado por la ley, que consagra el artículo 139, inciso 3 de la Constitución— no se defiende con diálogos. Se defiende impidiendo dos cosas a la vez: que a nadie se le fabrique un tribunal a la medida, y que a la víctima se le disuelva el tribunal antes de que llegue a juzgar. Ese derecho está hoy asediado desde tres frentes que el discurso no menciona, porque nombrarlos sería nombrar la obra de su propia bancada.

El primer frente ataca por arriba. Es el largo asedio al Ministerio Público y a la judicatura para que el poder no sea juzgado: la Ley 32130 que arrebató al fiscal la conducción de la investigación, las denuncias contra fiscales que investigan a los poderosos, lo que CEJIL describió como la instrumentalización del control político para someter a quien persigue el delito. A ello se añade una incomodidad que ningún protocolo disuelve: quien promete «reformar» la justicia afronta ella misma un juicio por presunto lavado de activos. No prejuzgo el fondo —la presunción de inocencia la ampara como a cualquiera—; señalo la estructura del problema. Es difícil ser, al mismo tiempo, el arquitecto y el procesado del mismo edificio.

El segundo frente clausura por ley. No hace falta capturar al juez si se puede, más limpiamente, abolir el proceso entero. Eso hacen dos normas que su bloque parió. La Ley 32107, vigente desde agosto de 2024, dispuso la prescripción de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del 1 de julio de 2002: de un plumazo, cerró la puerta a juzgar las peores violaciones del conflicto interno. Y la Ley 32419, promulgada en agosto de 2025, concedió amnistía a militares, policías y comités de autodefensa por hechos de esos mismos años, una norma que —advirtieron las organizaciones de víctimas— podría beneficiar a cerca de trescientas personas procesadas o condenadas, incluidas las vinculadas a Barrios Altos y La Cantuta. La Corte Interamericana ordenó a los jueces peruanos abstenerse de aplicar ambas y declaró que carecen de efectos jurídicos, invocando la jurisprudencia que ella misma sentó contra el Perú: desde Barrios Altos y La Cantuta está dicho, con letra que no admite lectura torcida, que ninguna amnistía ni prescripción puede impedir la investigación de las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y las desapariciones forzadas. Aquí el juez natural no es capturado: es evaporado. A la víctima no se le tuerce el juez competente; se le hace desaparecer el proceso por decreto. Es la impunidad en su forma más pura, la impunidad legislada.

Y hay un tercer frente, el de la desviación. La vieja tentación de sustraer a las fuerzas del orden del juez ordinario para entregarlas a un fuero complaciente —el fuero militar-policial— choca de frente con la jurisprudencia interamericana, que desde Durand y Ugarte tiene establecido que la jurisdicción militar no puede juzgar violaciones de derechos humanos contra civiles: entregarles ese fuero es, precisamente, el reverso exacto del juez natural. A esa desviación se suma ahora una amenaza mayor, que desde el propio Estado se ha deslizado: evaluar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano. Retirarse de la Corte no es un gesto de soberanía; es quitarle a la víctima el último juez competente que le queda cuando el de casa la abandona.

Léase entonces el «diálogo» del mensaje contra este trasfondo. Ratificar «el absoluto respeto a la independencia de poderes» mientras se sostiene la maquinaria que la erosiona es un eufemismo; y prometer «mecanismos meritocráticos» para la justicia, sin una sílaba sobre derogar las leyes que clausuran los procesos ni sobre acatar los fallos de la Corte, es ofrecer la forma de la reforma vaciada de su contenido. Hay, al fondo, una simetría que el discurso no puede sostener a plena luz: el mismo movimiento que hoy invoca la reconciliación es el que ampara con amnistía a los perpetradores de los crímenes cometidos bajo el gobierno de su fundador. Reconciliar, ahí, no significa cerrar la herida: significa cerrarle a la víctima la puerta del juez.

VI. La naturaleza como estorbo, los pueblos como carencia

Aquí el silencio es tan vasto que tiene forma de paisaje. Y aquí, además, el silencio es también contradicción.

Primero, la naturaleza reducida a obra pública. El cambio climático aparece —se le concede el rango de «amenaza del presente»—, pero solo para disolverse de inmediato en un catálogo de maquinaria: «descolmatación masiva de los ríos», «defensas ribereñas», «maquinaria pesada a los puntos críticos». El clima entra al discurso por la puerta de la ingeniería y sale por la de la licitación. No hay política climática: hay contrato de obra. Ni una mención a la institucionalidad ambiental —el SEIA, el SENACE, la evaluación de impactos—, esa que se viene desmantelando norma tras norma. Ni una palabra sobre las áreas naturales protegidas, ni sobre el límite ecológico como algo distinto de un cauce que hay que dragar. La naturaleza no es aquí un sujeto ni un derecho; es un estorbo que se administra con retroexcavadoras.

Segundo, la contradicción de la minería ilegal. Tres veces nombra el mensaje a la minería ilegal, y las tres como enemigo militar: territorios que el crimen «arrebató» al Estado, donde entrarán las Fuerzas Armadas. Jamás como lo que también es —una catástrofe ambiental y territorial— y, sobre todo, jamás con una sola palabra sobre el REINFO, ese registro de formalización que el propio Congreso de su bancada acaba de ampliar una vez más, hasta el 31 de diciembre de 2026, y que en la práctica mantiene abierta la puerta legal de la minería que envenena Madre de Dios y Loreto con mercurio. Tampoco una palabra sobre la Ley 31973, la mal llamada «Ley Antiforestal», aprobada por insistencia y promulgada en enero de 2024, que trasladó la zonificación forestal del Ministerio del Ambiente al de Agricultura, la suspendió por tres años y abrió el camino a legalizar deforestaciones no autorizadas —una norma que, además, se aprobó sin consulta previa, en violación del Convenio 169 de la OIT, y que puede archivar más de mil trescientas causas por delitos ambientales. La presidenta promete cazar con el fusil a la minería ilegal mientras la mayoría que la llevó al poder le sigue firmando el salvoconducto legal. No se puede declarar la guerra al fuego con una mano y repartir cerillos con la otra.

Tercero, los pueblos indígenas como déficit. Cuando aparecen —la Amazonía, «las comunidades indígenas donde las desigualdades históricas demandan una respuesta»—, aparecen como carencia: anemia, desnutrición crónica, pobreza infantil, embarazo adolescente. Objetos de asistencia, nunca sujetos de derecho. No hay una sílaba sobre la consulta previa como derecho —ese que el Convenio 169, la Ley 29785 y los catorce estándares fijados en la Acción Popular N.° 29126-2018-Lima obligan a garantizar—; ni sobre la titulación y el saneamiento de los territorios comunales; ni sobre la libre determinación. Y no hay, en un país que ha perdido cerca de 2,8 millones de hectáreas de bosque en dos décadas, una sola mención a quienes lo defienden con el cuerpo: las defensoras y los defensores ambientales, asesinados y criminalizados, para quienes existía un tratado —el Acuerdo de Escazú— que este mismo Parlamento archivó.

Aníbal Quijano llamó colonialidad del poder a esa maquinaria persistente que convierte al indígena en problema a gestionar y nunca en nación con derechos. El mensaje la reproduce con una fidelidad casi de manual: al pueblo del sur andino se le mide la sangre en las estadísticas de hierro, pero no se le reconoce la voz en las decisiones sobre su tierra. Y así se cierra el círculo cruel que ya vimos: los mismos a quienes se les negó justicia por sus muertos son ahora los destinatarios de un programa de galletas fortificadas. Reconocimiento donde es barato; negación donde dolería.

VII. Otras sombras

Quedan silencios menores en tamaño, no en peso.

Sobre las mujeres, el discurso fija una meta —reducir el embarazo adolescente— y calla sobre el feminicidio, sobre la violencia de género, y sobre esa herida que una Fujimori no puede invocar la reconciliación sin nombrar: las esterilizaciones forzadas de más de un cuarto de millón de mujeres, en su enorme mayoría campesinas y quechuahablantes, durante el gobierno de su padre. No se pide arrepentimiento en un mensaje de investidura; se pide no invocar la palabra reconciliación sobre una fosa que sigue abierta. El silencio, ahí, es una posición.

Sobre la sociedad civil, el texto ratifica con solemnidad «la libertad de expresión y la de prensa» mientras omite que la Ley 32301 —la ley APCI que su bancada aprobó— estrecha el espacio de las organizaciones que reciben cooperación y vigilan al poder. El demócrata que se declara en abstracto y aprieta en concreto es una figura vieja; la describió, sin nombrarla, la mejor literatura política del siglo pasado.

Ofrece «desregulación» profunda —que en el sector ambiental y laboral casi siempre significa desprotección— y asegura, a renglón seguido, que no se afectará «ningún derecho laboral». Populismo y ortodoxia en la misma frase: la contradicción performativa de quien quiere ser, ante cada auditorio, lo que ese auditorio desea oír.

El orden no es la justicia

El mensaje ofrece lo que sabe ofrecer, y hay que reconocérselo: método, disciplina, una ruta, un cronómetro. Prefiere el método al milagro, y eso, en este país, ya es algo. Pero lo atraviesa una confusión que conviene decir sin rodeos: administrar no es hacer justicia. Poner orden no es reconciliar. Tener método no es tener verdad.

Se puede descolmatar un río. No se descolmata una fosa.

Amartya Sen lo dijo con una sencillez que desarma: la justicia no se mide por las instituciones perfectas que soñamos, sino por las injusticias concretas que somos capaces de reparar hoy. Y este discurso eligió, una por una, no verlas. No vio las leyes que blindan al crimen. No vio a los muertos del sur sin reparación. No vio los procesos que la amnistía clausura. No vio los bosques entregados ni la voz indígena negada. No vio a la mitad del país que no la votó. No las vio porque verlas la obligaría a responder por ellas.

Y esa es la palabra que derrumba la ficción del comienzo. Un país no se recibe, como quien hereda una casa que otros ensuciaron. Un país en el que se tuvo, durante años, la mayoría que dictaba sus leyes, se coescribe. Y lo que se coescribe, se responde.

Que nadie se llame a engaño: no habrá un solo Perú mientras a una mitad solo se le hable para pedirle que baje la voz sobre sus propios muertos. La reconciliación no se proclama desde un estrado. Se gana de rodillas, nombrando a cada ausente.

Porque hay una tierra, en el fondo del país profundo, que no prescribe. Y hay muertos que, como los ríos que este gobierno quiere dragar, siguen bajando —tercos, quechuas, indomables— hacia la memoria. Esos ríos no se descolmatan. Esos ríos, tarde o temprano, se desbordan.

Lima, 28 de julio de 2026

Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú- IDLADS PERÚ