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Hay decisiones que no llegan con estruendo. Vienen envueltas en el lenguaje sobrio de la gestión, apadrinadas por una urgencia que nadie discute —la inseguridad, el Fenómeno del Niño— y piden apenas una firma. El país mira entonces una sola puerta y cree que basta con abrirla o cerrarla. Pero dentro del paquete que se presenta como remedio contra el crimen viaja, callado, un capítulo que no tiene nada de urgente y mucho de irreversible: el que propone rehacer, por decreto, el modo en que el Perú protege sus áreas naturales protegidas y los últimos refugios de sus pueblos indígenas en aislamiento.

De qué trata

Su tesis es tan clara como grave. El pedido de delegación de facultades en materia ambiental e hidrocarburos no busca tramitar más rápido: busca volver reducible un parque nacional y ablandable la intangibilidad de una reserva indígena. Y una intangibilidad que puede ceder «cuando resulte necesario» ya no es intangibilidad: es una disponibilidad con trámite. El día en que la protección de un área deja de ser un límite y pasa a ser un saldo negociable, los recursos naturales dejan de ser patrimonio de la Nación y quedan reducidos a inventario del gobierno de turno.

No es una hipérbole ni una profecía de sobremesa. Es una lectura literal del propio pedido, hecha despacio, devolviéndole sus palabras.

Tres movimientos para mirar el mismo peligro

La sustancia. El silencio administrativo positivo daría por aprobado el estudio de impacto ambiental que nadie evaluó, y con ello clausuraría la única ventana por la que entran la participación ciudadana intercultural y la consulta previa. La integración de permisos volvería prescindible la voz del guardián del agua, del bosque y de las áreas protegidas. Y la autorización para «reducir físicamente o modificar legalmente» un área protegida tiene un destinatario confeso —Candamo, en el corazón del Parque Nacional Bahuaja Sonene—, sobre el cual ya pesa una sentencia firme que declaró su intangibilidad un mandato cierto, claro e incondicional. Lo que un tribunal blindó, el decreto pretende borrarlo cambiando la ley.

La prueba de la historia. Doce años de flexibilización ambiental no trajeron la inversión prometida. Los datos del propio Banco Central de Reserva y del Banco Mundial cuentan otra historia: la inversión no huye de la regulación, huye del conflicto que nace cuando se decide sobre el territorio de un pueblo sin ese pueblo. Un instrumento que se aprueba sin consulta y sin participación intercultural nace legal y, a la vez, ilegítimo; y esa ilegitimidad, no el papeleo, es la que termina paralizando los proyectos.

El mecanismo y la responsabilidad. En un Congreso de dos cámaras no existe la delegación parcial: lo que la Cámara de Diputados recorte, el Senado puede volver a escribirlo. Conceder «solo lo urgente» no es una victoria a medias; es la entrega diferida del todo. Y hay una advertencia que el libro no elude: la responsabilidad no se delega junto con las facultades. Quien las concede, siendo previsible el desenlace, se vuelve coautor de él.

La salida

Este no es un libro contra la inversión ni contra el desarrollo. Está escrito contra la ilusión de alcanzarlos pasando por encima de quienes habitan el territorio que se pretende intervenir. La salida que propone no es un permiso más veloz, sino un pacto más justo: legislar bien la consulta previa y una participación ciudadana intercultural que arribe a acuerdos, con el reparto equitativo de los beneficios y la reparación del daño. Porque un río no se cuida acortándole el cauce, sino resguardando su cabecera; y una nación no protege su patrimonio poniéndole precio a lo que había jurado no vender.

Ficha del libro

Título: Por qué la delegación de facultades pone fin a la protección de áreas naturales protegidas y reservas indígenas Autor: Henry Oleff Carhuatocto Sandoval (Doctor en Derecho y Ciencia Política; Director Ejecutivo de IDLADS PERÚ) Editorial: IDLADS PERÚ · Lima, Septiembre 2026. Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.° 2026-11144.

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