–Crónica de un parque nacional que el Estado quiere volver yacimiento–
«En estas áreas no se permite la extracción de recursos naturales, así como modificaciones y transformaciones del ambiente natural.»
Ley N.° 26834, artículo 21, literal a[1]
«¿El derecho a destruir la naturaleza existe? ¿Podemos cambiar la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas para llevar adelante “el progreso”?»
Henry Carhuatocto Sandoval, Principios del derecho ambiental en un Estado constitucional[2]
«Para dañar un parque no hace falta una perforadora. Basta una expectativa.»
Cartas de IDLADS PERÚ, 7 de noviembre de 2026[3]
I. El pozo que se quedó dormido
Entre 1998 y 1999, en lo más hondo del valle del Candamo, una cuadrilla de la Mobil abrió la tierra. El pozo se llamó Candamo 78-53-1X y confirmó lo que los geólogos sospechaban: debajo del bosque había gas y condensado[4]. Imaginemos la escena sin adornarla. El ruido del helicóptero sobre un dosel que nunca había escuchado motores. Las botas hundidas en el barro rojo. El taladro mordiendo capas de roca que llevaban millones de años en silencio. Y después, nada. La empresa se fue, el pozo quedó sellado y el monte volvió a cerrarse sobre la herida como se cierra el agua sobre una piedra.
El bosque no supo que había sido medido. Siguió siendo lo que era: un mundo de jaguares y guacamayos, de ríos que bajan de los Andes con la prisa del agua joven, de una selva que trepa desde el llano amazónico hasta la ceja de montaña. Los ese eja tenían nombre para los ríos que lo surcan, y de esos nombres nació el del parque. Bahuaja Sonene. Dos ríos convertidos en una palabra. Para quienes viven en sus orillas, ese nombre nunca fue una cifra.
Pero el gas tiene memoria larga, y las oficinas de Lima también. Lo que en el monte se olvidó, en los archivos quedó escrito. Aquel pozo dormido se convertiría, veinticinco años después, en el centro de una disputa que enfrenta dos ideas del Perú: la que mira la Amazonía como despensa y la que la mira como país.
II. El día que el Estado juró
El Estado peruano creó el Parque Nacional Bahuaja Sonene en 1996 y en el año 2000 amplió sus límites; con esa ampliación, el Candamo y su viejo pozo quedaron dentro[5]. No fue un descuido. Fue una decisión. Alguien en el Estado miró ese valle, supo lo que había bajo tierra y resolvió que valía más intacto. Pocas veces la República ha sido tan sabia.
Ese juramento tiene letra. La Ley N.° 26834 clasifica los parques nacionales como áreas de uso indirecto y dice, sin rodeos, que en ellas no se permite la extracción de recursos naturales[6]. No hay un «salvo», no hay un «previa evaluación», no hay un «si el precio lo justifica». La prohibición vive en la categoría misma. El artículo 68 de la Constitución remata el pacto: el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.
Recordemos, sin embargo, una lección que la historia peruana enseña con terquedad. En nuestro país las normas protectoras suelen nacer como gestos y morir como trámites. Lo escribimos a propósito de otro derecho, el de los pueblos indígenas: un convenio que «durante 17 años nunca se hizo efectivo pues más que una decisión política real fue un acto simbólico»[7]. El riesgo del Bahuaja Sonene es parecido. Que el juramento de 2000 sea tratado como un símbolo que se puede retirar cuando cambia el viento del mercado.
III. El regreso del gas y la primera batalla
El viento cambió en 2024. PERUPETRO configuró el Área XCII para un convenio de evaluación técnica de dos años, sin perforaciones, solo estudios de escritorio. El área se superponía con el parque[8]. Parecía poca cosa: papeles, mapas, información sísmica antigua. Pero quien ha litigado en defensa de la naturaleza sabe que el despojo rara vez entra por la puerta grande. Entra por la rendija del expediente administrativo, con un sello y una firma.
IDLADS PERÚ presentó una demanda de cumplimiento contra el Ministerio de Energía y Minas y contra PERUPETRO. No pedía nada extraordinario. Pedía que el Estado obedeciera su propia ley. El 26 de marzo de 2025, el Quinto Juzgado Constitucional de Lima ordenó cumplir los artículos 21, 22 y 27 de la Ley N.° 26834 y el artículo 22 de la Ley N.° 26839, actuar «sin comprometer la integridad del Parque Nacional Bahuaja Sonene» e «informar de manera clara y explícita en todo acto de promoción u otro las condiciones, restricciones y calidad de las áreas protegidas». El 5 de junio de 2025, la Tercera Sala Constitucional confirmó la sentencia en todos sus extremos[9].
La Sala dejó escritas dos frases que merecen entrar en los manuales. La primera: la intangibilidad «no es un concepto simbólico, sino una limitación legal al ejercicio de cualquier actividad, incluida la exploración, que pueda poner en riesgo la integridad ecológica del área». La segunda: el acto de promoción «genera una expectativa de uso y abre la puerta a futuras actividades extractivas»[10]. Con ellas, un tribunal peruano reconoció algo que las comunidades saben desde siempre. El daño no empieza cuando llega la máquina. Empieza cuando alguien en una oficina decide que tu bosque es un recurso disponible.
El 4 de setiembre de 2025, PERUPETRO informó al consorcio calificado que, considerando la sentencia de vista, cancelaba la firma del convenio[11]. Hay que decirlo con justicia: esa vez la empresa estatal cumplió. Fue una victoria limpia, de esas que confirman lo que escribimos hace casi una década sobre el litigio estratégico, que es «la espada y escudo que permitirán adentrarse en las entrañas de la administración pública»[12]. Esta vez la espada cortó a tiempo.
IV. Los geólogos de terno y corbata
Pero los parques no se defienden una sola vez. En agosto de 2026, la viceministra de Hidrocarburos anunció que el Ministerio mantenía la meta de explotar el Candamo desde 2028 y alcanzar producción comercial en 2031. Preguntada por el pedido de facultades legislativas, contestó: «Sí, lo hemos incluido. Esperamos que pueda ser válido»[13]. La sentencia firme estaba allí, pero el plan seguía caminando como si el juez no existiera.
Vino entonces la promesa más audaz. Explotar el Candamo como si fuera una plataforma en altamar, pero en plena selva: transporte solo en helicóptero, cero vertimientos, reinyección de los cortes de perforación, «ductos verdes» que se mimeticen con el bosque, y un porcentaje de la producción para el SERNANP[14]. Es la paradoja del incendiario que ofrece donar extintores. La ley no admite el trueque: ninguna compensación sustituye una prohibición.
En setiembre, la prensa reveló que el pedido de facultades buscaba permitir la «reducción física o modificación legal» de las áreas protegidas para proyectos de hidrocarburos[15]. Ese mismo mes PERUPETRO expuso en Lima el potencial de la cuenca Madre de Dios y, con una honestidad que no siempre acompaña a los anuncios, reconoció «un elevado riesgo exploratorio», alta complejidad estructural y baja permeabilidad. Casi tres décadas después del pozo de Mobil, el Candamo seguía siendo potencial, sin reservas ni descubrimientos comerciales confirmados[16].
Sigamos ahora el número, porque en esta historia los números caminan solos. PERUPETRO estima unos 3,6 trillones de pies cúbicos de recursos contingentes para el Candamo[17]; el MINEM, entre 3 y 3,5[18]. Pero el 19 de octubre, en la sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados que acordó citar a ministros y funcionarios, se habló de 10,3 trillones[19][20]. La cifra se triplicó en el trayecto que va del pozo al micrófono. No es un dato geológico. Es un dato político.
V. Ocho cartas antes del lunes
Así llegamos a este fin de semana de noviembre. La Comisión agendó para el lunes 9, a las nueve de la mañana, su Octava Sesión Ordinaria, con un punto que pide informar sobre el alcance de un convenio para «valorar el potencial de la reserva Bahuaja Sonene en el valle del Candamo» «como yacimiento»[21]. Tres errores en una frase. El Bahuaja Sonene no es reserva, es parque nacional. El convenio no existe, porque se canceló. Y un parque nacional no se valora como yacimiento. Pero el error no es inocente: quien se acostumbra a decir yacimiento donde la ley dice parque ya ha cruzado la mitad del camino.
IDLADS PERÚ respondió como sabe hacerlo: con papel, firma y fundamento. Ocho cartas salieron hacia el Parlamento y hacia el Ejecutivo. Al ministro de Energía y Minas se le recordó que fue vencido en juicio y que la Sala le negó la excusa de no ser parte: «el Ministerio de Energía y Minas tiene legitimidad para ser parte de los presentes actuados». Al presidente de PERUPETRO se le reconoció el cumplimiento de 2025 y se le dijo, con una sobriedad que pesa: «PERUPETRO ya demostró que sabe cumplir. El lunes basta con no desandar ese camino». Al ministro del Ambiente se le pidió ser la voz del bosque en una mesa donde dos sillas hablan de gas. Al SERNANP se le ofreció respaldo: «la sentencia está de su lado, y nosotros también»[22].
A los diputados se les recordó un límite que la Constitución fija con precisión. Su inviolabilidad protege sus opiniones y sus votos, pero la facultad de investigación del Congreso «no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional». Y el artículo 139, inciso 2, prohíbe a toda autoridad «modificar sentencias ni retardar su ejecución»[23]. Las cartas no amenazan; advierten. Anuncian que lo que se diga el lunes será puesto en conocimiento del juez de ejecución, para los fines de los artículos 16 y 27 del Nuevo Código Procesal Constitucional. Esta vez las palabras serán prueba.
Hay en esas cartas una lógica que viene de lejos. La aprendimos litigando: «La lógica del litigio estratégico no es ir a una batalla legal de manera visceral y apasionada, sino conociendo dónde estamos, y a dónde queremos llegar»[24]. IDLADS ha recorrido ese camino en otros frentes, como lo cuenta su libro sobre la justicia climática, donde el litigio se entiende como «aquella estrategia legal, social y comunicacional» que obliga al Estado a cumplir lo que promete[25]. El Candamo es su capítulo más reciente.
VI. Lo que el gas no cuenta
La ecología política enseña a preguntar quién nombra, quién cuenta y quién gana. Joan Martínez Alier mostró que los conflictos ambientales son también choques entre lenguajes de valoración: el del precio contra el de la subsistencia, el de la renta contra el del territorio y lo sagrado[26]. En el Candamo esos lenguajes chocan dentro del propio Estado. Un ministerio habla en pies cúbicos; una ley habla en categorías de protección; un pueblo habla en nombres de ríos.
El derecho no es neutral en esa pelea. Como escribimos al abrir un libro técnico, «El Derecho es una construcción social necesaria para la convivencia de los seres humanos que busca regular las relaciones de poder»[27]. La Ley N.° 26834 reguló una de esas relaciones: retiró ciertos territorios del mercado para siempre. Lo que hoy se intenta es devolverlos al mercado sin cambiar la ley, solo cambiando las palabras.
A eso le llamamos extractivismo anticipatorio: la producción institucional de una expectativa de extracción sobre un territorio que el derecho declaró intangible. Eduardo Gudynas ha descrito cómo los extractivismos latinoamericanos se legitiman prometiendo compensar lo que destruyen[28]. El Candamo añade un paso previo. Antes de la compensación, antes del contrato, antes incluso del estudio de impacto, se fabrica la expectativa: la cifra inflada, la agenda que dice «reserva», el convenio que «no autoriza perforaciones» pero reserva el futuro. La noticia del 3 de noviembre lo muestra en estado puro. PERUPETRO firmó con el Consorcio Camisea dos convenios de evaluación técnica en Megantoni y Echarate, fuera del parque, que no permiten perforar pero otorgan el derecho de primera opción para negociar licencias[29]. Es el mismo instrumento que se canceló sobre el Candamo. No se toca el suelo; se aparta el porvenir.
Mientras tanto, el parque real sangra por otras heridas. Según DEVIDA, el Bahuaja Sonene es el área natural protegida más afectada del país por cultivos ilícitos de coca: 9343 hectáreas en Inambari y Tambopata, 1769 en San Gabán. Derechos mineros rodean las cuencas del Leche Mayo, Chaspas, San Gabán y Alto Inambari; el parque está, dice un especialista, «literalmente asediado»[30]. El Estado que no financia guardaparques para frenar la coca y el oro ilegal sí encuentra tiempo, sala y agenda para medir el gas. Esa es la verdad distributiva del caso: el parque como depósito interesa; el parque como territorio que hay que cuidar, no.
Ya lo advertimos ante otra tragedia ambiental: el Estado no puede limitarse a «ver arder una refinería o una fábrica sin sentir la obligación de enviar personal estatal para contener la expansión de las llamas»[31]. Aquí el incendio es lento. Avanza por hectáreas de coca, por concesiones mineras, por proyectos de ley como el N.° 11822/2024-CR, que según DAR abriría las áreas de uso indirecto a la extracción y reproduce una propuesta que PERUPETRO envió en 2023 y que el MINAM rechazó[32]. Cerrada una puerta, se toca la siguiente.
Y entonces las preguntas que nadie quiere contestar el lunes. ¿Por qué un Congreso que no logra presupuestar la vigilancia de un parque sí logra agendar su valorización? ¿Por qué la palabra reserva se cuela en un acuerdo oficial, cuando la ley dice parque? ¿Quién recibirá la renta del gas y quién heredará el río? ¿Por qué siempre son Madre de Dios y Puno las que ponen el bosque, y Lima la que pone la cifra? Cada pregunta tiene una respuesta incómoda, y todas apuntan al mismo lugar. A un modelo que todavía no aprende que la Amazonía no es la despensa del Perú, sino el Perú mismo.
«Una verdadera democracia nunca permitirá el desarrollo a cualquier costo ni socavando los derechos ambientales, indígenas o laborales de sus miembros, para elevar la rentabilidad de su clase empresarial.»[33]
VII. El lunes
El lunes 9 de noviembre no se decidirá el destino del Bahuaja Sonene. Ese destino ya lo decidieron el Estado en 2000 y la justicia en 2025. Lo que se decidirá es algo más modesto y más grave: si las autoridades de la República obedecen sus propias decisiones. De esa sesión deberían quedar cinco certezas.
1. El daño empieza en el discurso. La sentencia del Exp. N.° 08060-2024 reconoce que promover un área intangible ya la lesiona, porque crea una expectativa de uso. Es la llave para enfrentar el extractivismo anticipatorio antes de que deje huella en el suelo.
2. La cosa juzgada no tiene silla vacía. Obliga a quien perdió el juicio y a toda autoridad que pretenda rodearla. Lo que el juez cerró por la puerta del expediente no puede abrirse por la ventana de una comisión.
3. Evaluar lo prohibido es una forma de desobedecer. Pedir estudios de impacto sobre la extracción en un parque nacional convierte el no de la ley en un todavía no de la administración. El MINAM y el SERNANP tienen el deber técnico de decirlo.
4. La verdad sobre las áreas protegidas debe volverse ley. Proponemos al Congreso incorporar a la Ley N.° 26834 una cláusula de veracidad: «Toda entidad pública o empresa del Estado que, en un acto de promoción, exposición, informe o comunicación, se refiera al potencial de recursos naturales ubicados en un área de uso indirecto deberá consignar, en primer término, la categoría del área, la prohibición de extracción prevista en el artículo 21 y su carácter de patrimonio de la Nación. Su omisión constituye falta grave del funcionario responsable». Lo que un juez ordenó para un parque debe valer para todos.
5. Cada uno tiene una tarea. Los diputados deben rectificar la agenda y no votar acuerdo alguno que promueva el Candamo. El ministro de Energía y Minas y PERUPETRO deben empezar su exposición por la intangibilidad y la cancelación del convenio. El ministro del Ambiente y el SERNANP deben hablar de bosque y pedir presupuesto para guardaparques. El Quinto Juzgado Constitucional de Lima debe recibir el informe de lo ocurrido y aplicar los artículos 16 y 27 del Nuevo Código Procesal Constitucional si hay desacato. Y la ciudadanía debe mirar la transmisión y guardar las palabras.
Cuando todo termine, el monte seguirá allí. El pozo de 1999 seguirá sellado bajo las raíces. Los dos ríos que dieron nombre al parque seguirán bajando de la cordillera sin saber cuánto valen en la bolsa de Lima, porque nunca necesitaron saberlo. Que el Estado tampoco lo olvide ahora, con el micrófono abierto y un juez escuchando.
Lima, 8 de noviembre de 2026
Henry Carhuatocto Sandoval– Director Ejecutivo de IDLADS PERÚ
[1]Ley N.° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas. Lima: Congreso de la República; 1997 [citado 8 nov 2026]. Disponible en: https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/CE-seguimiento-cambio-climatico/files/legislacion/ley_26834.pdf
[2]Carhuatocto Sandoval H. Principios del derecho ambiental en un Estado constitucional. Lima; 2017. Juristas Editores.
[3]IDLADS PERÚ. Cartas N.° 1000, 1005, 1006 y 1011-2026-IDLADS PERÚ, y cartas dirigidas a PERUPETRO S.A., al Ministerio del Ambiente y al SERNANP. Lima; 7 nov 2026. Documentos inéditos, archivo de IDLADS PERÚ.
[4]Boluarte M. En medio de cuestionamientos ambientales, Perupetro expuso el potencial gasífero de Candamo, ubicado dentro del Parque Nacional Bahuaja Sonene. Inforegión [Internet]. 25 set 2026 [citado 8 nov 2026]. Disponible en: https://inforegion.pe/en-medio-de-cuestionamientos-ambientales-perupetro-expuso-el-potencial-gasifero-de-candamo-ubicado-dentro-del-parque-nacional-bahuaja-sonene/
[5]Calle I, Pulgar-Vidal M. Promover la inversión requiere reglas claras, previsibles y estables: el caso del Parque Nacional Bahuaja Sonene. Actualidad Ambiental [Internet]. 29 set 2026 [citado 8 nov 2026]. Allí se mencionan el D.S. N.° 012-96-AG, de creación del parque, y el D.S. N.° 048-2000-AG, de su ampliación. Disponible en: https://www.actualidadambiental.pe/?p=155625
[6]Véase la nota 1.
[7]Carhuatocto Sandoval H. Consulta previa. Lima; 2019. Juristas Editores.
[8]Candamo: Minem busca destrabar el gas de Madre de Dios pese al freno judicial. La República [Internet]. 25 ago 2026 [citado 8 nov 2026]. Disponible en: https://larepublica.pe/economia/2026/08/24/candamo-minem-busca-destrabar-el-gas-de-madre-de-dios-pese-al-freno-judicial-hnews-519096
[9]Quinto Juzgado Constitucional de Lima. Exp. N.° 08060-2024-0-1801-JR-DC-05, Resolución N.° 10, sentencia del 26 mar 2025; Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, Resolución N.° 6, sentencia de vista del 5 jun 2025. Textos citados según las cartas de IDLADS PERÚ del 7 nov 2026; cotejar con las resoluciones originales.
[10]Véase la nota 9.
[11]Véase la nota 3.
[12]Carhuatocto Sandoval H. Litigio estratégico ambiental e indígena en Sudamérica. Lima; 2017. IDLADS PERÚ.
[13]Véase la nota 8.
[14]Boluarte M. MINEM plantea explotar gas en Candamo replicando el estándar ambiental de Camisea para proteger la Amazonía. Inforegión [Internet]. 25 ago 2026 [citado 8 nov 2026]. Disponible en: https://inforegion.pe/minem-plantea-explotar-gas-en-candamo-replicando-el-estandar-ambiental-de-camisea-para-proteger-la-amazonia/
[15]Gobierno busca abrir vía legal para proyectos de hidrocarburos en áreas naturales protegidas. Ahora [Internet]. 6 set 2026 [citado 8 nov 2026]. Disponible en: https://ahora.com.pe/politica/gobierno-busca-abrir-via-legal-para-proyectos-de-hidrocarburos-en-areas-naturales-protegidas
[16]Véase la nota 4.
[17]Véase la nota 8.
[18]Camisea va por más: Perupetro autoriza evaluación de dos áreas en Cusco para buscar nuevas reservas de gas. Infobae [Internet]. 3 nov 2026 [citado 8 nov 2026]. Disponible en: https://www.infobae.com/peru/2026/11/03/camisea-va-por-mas-perupetro-autoriza-evaluacion-de-dos-areas-en-cusco-para-buscar-nuevas-reservas-de-gas/
[19]Congreso de la República. Comisión de Medio Ambiente citará a ministros y funcionarios por evaluación del potencial gasífero en Bahuaja Sonene [Internet]. 19 oct 2026 [citado 8 nov 2026]. Disponible en: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/?p=476039
[20]Mandujano E. Bahuaja Sonene: Congreso citará a ministros por evaluación del potencial gasífero. Caretas [Internet]. 19 oct 2026 [citado 8 nov 2026]. Disponible en: https://caretas.pe/nacional/bahuaja-sonene-congreso-citara-a-ministros-por-evaluacion-del-potencial-gasifero
[21]Véase la nota 3.
[22]Véase la nota 3.
[23]Véase la nota 3.
[24]Véase la nota 12.
[25]Carhuatocto Sandoval H. IDLADS en los tribunales por justicia climática en Perú. 2.ª ed. Lima: IDLADS PERÚ; 2025 [citado 8 nov 2026]. Disponible en: https://elaw.org/wp-content/uploads/2025/06/MAR-IDLADS-en-los-tribunales-por-justicia-climatica-en-Peru.pdf
[26]Martínez Alier J. El ecologismo de los pobres: conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Barcelona: Icaria; 2004.
[27]Carhuatocto Sandoval H. Procedimiento sancionador ambiental. Lima; 2025. IDLADS PERÚ.
[28]Gudynas E. Extractivismos: ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza. Cochabamba: CEDIB; 2015.
[29]Véase la nota 18.
[30]Arana M. Candamo más allá del gas: las otras amenazas. Diario Voces [Internet]. 5 nov 2026 [citado 8 nov 2026]. Disponible en: https://diariovoces.com.pe/candamo-mas-alla-del-gas-las-otras-amenazas/
[31]Carhuatocto Sandoval H. El fraude a la ley en la ejecución de las medidas correctivas ambientales. Lima; 2022. IDLADS PERÚ.
[32]Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). Informe técnico legal sobre el Proyecto de Ley N.° 11822/2024-CR [Internet]. Lima: DAR; s. f. [citado 8 nov 2026]. Disponible en: https://dar.org.pe/wp-content/uploads/2025/11/Informe-Tecnico_LeyANPs.pdf
[33]Véase la nota 12.
