El Poder Judicial admitió hoy la acción constitucional interpuesta por IDLADS Perú que busca conocer cómo se ejecutarán los 20 millones de soles anunciados por la presidenta Boluarte el 28 de Julio 2025 para proteger a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en Amazonas.
Foto de Andina
Lima, 25 de noviembre de 2025 – En una fecha simbólica, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 6° Juzgado Constitucional de Lima admitió la demanda de hábeas data presentada por el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú (IDLADS Perú) contra la Presidencia de la República. La acción constitucional busca que el Estado cumpla con su obligación de transparencia y revele información crucial sobre cómo protegerá a las víctimas de una de las crisis humanitarias más dolorosas del país.
Una promesa que debe concretarse
Durante su mensaje presidencial del 28 de julio de 2025, la presidenta Dina Boluarte anunció la destinación de 20 millones de soles para «implementar en Condorcanqui, Amazonas, un sistema especializado de justicia para la protección de niñas, niños y adolescentes». Meses después, esta promesa sigue siendo solo palabras. Detrás de cada día de silencio hay niñas y niños indígenas que esperan justicia.
«No pedimos favores, pedimos transparencia. Las familias awajún de Condorcanqui tienen derecho a saber cuándo llegará la ayuda prometida, cómo se usará ese dinero y quiénes serán responsables de proteger a sus hijas e hijos», señaló Yanua Atamain, Presidenta de IDLADS Perú.
Un contexto que no puede seguir invisibilizado
La demanda presentada por IDLADS Perú no surge en el vacío. Desde 2010 hasta la fecha, se han registrado 524 denuncias de presunta violencia sexual contra estudiantes indígenas en Condorcanqui. La Defensoría del Pueblo expresó en junio de 2024 su preocupación por «la grave situación de vulnerabilidad e inminente riesgo en el que se encuentran niñas y adolescentes indígenas awajún».
El Consejo de Mujeres Awajún, liderado por Rosemary Pioc, ha denunciado públicamente estos hechos y las amenazas que han recibido por visibilizar esta tragedia. Sus voces no pueden seguir siendo ignoradas.
¿Qué información se está solicitando?
IDLADS Perú solicitó formalmente a la Presidencia de la República, el 28 de julio de 2025, información detallada sobre:
- Estrategia «Prevenir para Proteger»: Cómo se han fortalecido los Servicios de Atención Rural en 15 regiones, cronograma de la Estrategia Multisectorial para la Prevención y Atención de la Violencia Sexual.
- Programa «Crecer Seguro»: Información sobre la articulación de esfuerzos con gobiernos regionales y locales, zonas priorizadas y acciones concretas.
- Inversión en Condorcanqui: Cuándo se transferirán los 20 millones de soles, cómo se distribuirá el presupuesto, en qué se invertirá específicamente y qué entidad será responsable de su ejecución.
- Funcionarios responsables: Identificación de las autoridades estatales encargadas de implementar estos compromisos.
- Presupuesto asignado: Desglose financiero de cada iniciativa mencionada en el discurso presidencial.
Han transcurrido más de tres meses desde la solicitud sin recibir respuesta alguna, vulnerando el derecho constitucional de acceso a la información pública.
Un precedente para la transparencia
La admisión de esta demanda representa un paso fundamental en la exigencia de rendición de cuentas. El Poder Judicial ha reconocido que existe una causa legítima y que el Estado tiene la obligación de responder. Ahora se emplazará a la Presidencia de la República para que conteste la demanda en un plazo de 10 días hábiles.
«Esta no es solo una batalla legal, es una lucha por la dignidad de pueblos indígenas que han sido sistemáticamente excluidos. La transparencia no es un favor del Estado hacia la ciudadanía, es un derecho que nos permite vigilar que las promesas se conviertan en protección real para quienes más lo necesitan», enfatizó Carhuatocto.
El valor de la información pública
La información solicitada tiene un alto interés público porque:
- Se refiere a compromisos presidenciales anunciados públicamente en el discurso del 28 de julio de 2025
- Está directamente relacionada con la protección de derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad
- Responde a una crisis humanitaria documentada donde se han denunciado 524 casos de violencia sexual contra estudiantes indígenas
- Permite a la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil ejercer control sobre el cumplimiento de los compromisos presidenciales
Próximos pasos
«Detrás de cada expediente judicial hay rostros, historias y esperanzas. Las niñas y niños de Condorcanqui no pueden seguir esperando que las promesas presidenciales se conviertan en protección real. La transparencia es el primer paso hacia la justicia.
El expediente judicial N° 17560-2025-0-1801-JR-DC-06 seguirá su curso en el 6° Juzgado Constitucional de Lima bajo la dirección de la jueza Rocío del Pilar Rabines Briceño. Una vez que la Presidencia conteste la demanda, se programará una audiencia única donde se resolverá si el Estado debe entregar la información solicitada.
IDLADS Perú continuará acompañando este proceso y exigiendo que el Estado asuma su responsabilidad de transparencia frente a una crisis que no puede seguir esperando.
Lima, 25 de noviembre de 2025
IDLADS PERÚ
