I. La ética de la convicción y la responsabilidad
Ayer, ante los suyos, Jorge Nieto pronunció lo que sonaba a firmeza republicana. Su bancada —dijo— está dispuesta a conceder al gobierno de Keiko Fujimori las facultades que hagan falta para enfrentar la inseguridad, de modo que la mandataria deje de esconderse detrás del pedido: «Le vamos a conceder todo lo que sea urgente para que no tengan más excusas y gobiernen». La frase tiene el fulgor del sentido común. Si el Ejecutivo alega que no puede gobernar sin facultades, arrebatémosle la coartada y forcémoslo a hacerlo. Nieto incluso puso el dedo en la herida del adversario: lo único que ese Ejecutivo ofrece, dijo, son «excusas porque no saben qué hacer, porque no saben gobernar».[1]
Conviene, sin embargo, leer la letra pequeña de su propio discurso, porque allí asoma la primera grieta. Nieto no sostuvo que las facultades fueran necesarias; sostuvo lo contrario. Reconoció que varias de las medidas urgentes cabrían por decreto de urgencia y otras incluso sin recurrir a mecanismo especial alguno, y por eso mismo reprochó al Ejecutivo que plantee la delegación como condición para actuar.[2] Sin embargo, abdica de su deber de analizar las consecuencias ambientales y en derechos humanos de esa decisión.
De ese reconocimiento brota una consecuencia lógica que Nieto no extrajo. Si lo urgente en seguridad no requiere facultades, entonces las facultades no son para lo urgente. Lo que viaja en ese vehículo es otra carga: los cambios más fuertes se anuncian en materia tributaria y laboral y, en la misma solicitud, viaja el capítulo ambiental y de hidrocarburos que el debate público apenas menciona.
II. La convicción no es una coartada
Hay una distinción antigua que ordena este debate mejor que cualquier consigna. Quien decide en política puede guiarse por dos éticas que no se dejan reconciliar. La primera, la de la convicción, mira la pureza de la intención: obro bien si mi propósito es bueno, y si las consecuencias resultan malas, la culpa es del mundo, de los otros, de la fatalidad. La segunda, la de la responsabilidad, exige responder por «las consecuencias previsibles de la propia acción».[3] No pregunta qué quisiste; pregunta qué era razonable que supieras que iba a ocurrir.
Nieto habla desde la primera ética. Su intención es límpida: quitar la excusa, obligar a gobernar. Pero la política no se juzga por la nobleza del deseo, sino por lo que la mano firma. Y de ahí la advertencia, sin rodeos: si el líder de un partido que se llama a sí mismo del Buen Gobierno entrega los votos que abren la delegación, no podrá después declararse ajeno a lo que la delegación produzca. La responsabilidad no se delega junto con las facultades. Quien las concede, cuando el desenlace es previsible, se vuelve coautor de ese desenlace.
Todo el peso del argumento descansa, entonces, en una sola palabra: previsibilidad. ¿Es previsible lo que ocurrirá si Buen Gobierno cede? Tres hechos, ninguno especulativo, responden que sí.
III. El espejismo de «solo lo urgente»
El primero es de aritmética. El pedido debe aprobarse primero en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no tiene mayoría y encuentra su principal escollo, y solo después en el Senado, donde cuenta con la mitad de los votos.[4] En esa cámara de origen, Buen Gobierno no es espectador: sus votos integran la bisagra que decide si el predictamen llega al Pleno. Nieto sostiene la puerta con la mano, veremos si la cierra para proteger el ambiente o la abre para que se inicie la depredación de espacios protegidos y reservas indígenas.
Supongamos que Diputados recorta la delegación y deja «solo lo urgente». Ese recorte no sobrevive a la segunda cámara. El Senado, dividido y con el voto dirimente del lado oficialista, puede reponer lo que la primera cámara quitó.[5] No existe, en rigor, la delegación parcial: lo que una cámara sustrae, la otra lo restituye. La promesa de «todo lo urgente» es, por eso, una promesa que Nieto no está en condiciones de cumplir, porque el texto final no se escribe donde él vota. El espejismo del recorte es el mecanismo más eficaz para conceder el todo creyendo que se concede la parte.
IV. Lo que viaja en el mismo vehículo
El segundo hecho es documental: no hay que adivinar el contenido peligroso, basta leerlo. El numeral ambiental del pedido propone el silencio positivo y la aprobación automática de los estudios ambientales —esto es, dar por aprobado el expediente por el mero transcurso del tiempo, sin corregir sus defectos y clausurando la única ventana de participación ciudadana y consulta previa—. El capítulo de hidrocarburos pide, con todas sus letras, la «reducción física o modificación legal» de áreas naturales protegidas y el ablandamiento de la intangibilidad de las reservas indígenas en aislamiento.[6] Y no se trata de una amenaza latente: la Comisión de Medio Ambiente ya emitió opinión favorable sobre ese numeral, aprobada en 20 minutos sin mayor debate técnico de fondo.[7]
El tercer hecho es histórico, y por eso previsible. Cada vez que esta familia política tuvo poder legislativo, el marco ambiental fue tratado como estorbo y flexibilizado por atajos; la genealogía de los paquetazos ambientales entre 2013 y 2024 lo documenta sin fisuras. Y el argumento con que se justifica —destrabar la inversión— es falso por partida doble: la propia banca central verificó que, donde hubo flexibilización, la inversión minera no creció sino que cayó, y que lo que la frenó no fue la norma ambiental, sino la ausencia de licencia social.[8] Se pide, pues, demoler una garantía para obtener un resultado que la evidencia oficial ya desmintió.
Hay, además, un límite que Nieto no puede ignorar y que ningún decreto puede saltar. La promoción de hidrocarburos sobre Candamo, en el Parque Nacional Bahuaja Sonene, ya fue declarada acto regresivo por la justicia constitucional, que calificó la intangibilidad como «mandato cierto, claro e incondicional».[9] Un decreto que reduzca esa área chocaría de frente con la cosa juzgada. De modo que la delegación no entregaría «herramientas de seguridad»: entregaría la palanca legal para forzar la puerta de un parque nacional que los tribunales ya blindaron. Esa palanca es lo que Buen Gobierno pondría en manos ajenas.
V. Lo irreversible y la deuda
¿Por qué esta concesión pesa más que un mal proyecto de ley cualquiera? Porque su daño es irreversible. Un impuesto injusto se deroga; un feriado mal movido se corrige. Pero un parque reducido, una reserva perforada, un territorio en aislamiento abierto, no se devuelven al estado anterior con la firma del Congreso siguiente. Cuando el efecto es irreparable, la prudencia manda pesar el pronóstico malo por encima del bueno y obrar de modo que los efectos de la acción sean compatibles con la permanencia de una vida digna en el tiempo.[10] La responsabilidad por las consecuencias previsibles se vuelve, ante lo irreversible, una cautela categórica: en la duda, no se firma.
Y hay una deuda que el pedido esconde tras el reloj. Se cronometra el derecho del pueblo —la consulta previa contada como «demora» de veinticuatro meses—, pero jamás se cronometra la deuda con el pueblo: la participación en los beneficios y la indemnización equitativa por el daño que ordena el Convenio 169.[11] El territorio indígena convertido en zona de sacrificio, sin voz y sin reparto. Un gobierno que se dice bueno no puede firmar ese libro de cuentas y llamarlo gestión.
Bajo todo esto late una idea constitucional que suele darse por descontada: los recursos naturales son patrimonio de la Nación, y la intangibilidad es la forma jurídica de un bien que el mercado no puede comprar.[12] Convertir ese absoluto en variable negociable no es una reforma administrativa: es disolver la categoría misma de lo público inapropiable. Conceder las facultades que lo permiten es coautoría de esa disolución.
VI. El Llamado
El nombre de un partido obliga. «Buen gobierno» significa, cuando menos, no desarmar por decreto la guardia ambiental del Estado, no decidir a espaldas de la gente lo que el pueblo tiene derecho a debatir en voz alta. La democracia no enferma cuando la asaltan de frente, sino cuando se la vacía con las formas intactas y el fondo entregado: decisiones tomadas sin mayor responsabilidad política, con acta y sin deliberación.[13] Ese es, exactamente, el estilo con que este pedido avanza.
Por eso la advertencia de este Instituto es directa y respetuosa a la vez. Jorge Nieto puede creer que, al conceder, le quita a Keiko Fujimori la excusa. Pero el país no le preguntará mañana por su intención; le preguntará por su firma. Y la historia no acepta el descargo de «yo solo quería que gobernaran». Quien abre la puerta al colapso ambiental responde por sus actos. El voto de Buen Gobierno no es un gesto para presionar a un adversario: es una rendición de cuentas anticipada ante los parques, los ríos y los pueblos indígenas que ese voto puede dejar sin defensa.
La disyuntiva, al final, no es entre firmeza y debilidad, sino entre dos maneras de ser responsable. Se puede negar la delegación y exigir, en cambio, que el Ejecutivo gobierne con las herramientas que —por su propia confesión— ya tiene como son los Decretos de Urgencia. O se puede conceder, y cargar con las consecuencias que venga después. No hay una tercera casilla donde refugiarse. Quien concede las facultades legislativas al Ejecutivo, deberá responder por lo que ocurra con los parques nacionales, reservas indígenas y el ambiente, no se podrán lavar las manos como Pilatos porque fueron sus propios votos los que lo hicieron posible.
Lima, 10 de septiembre de 2026
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú- IDLADS PERÚ
[1]Luis Paucar, «Nieto a Keiko Fujimori: “Le vamos a conceder todo (facultades legislativas) para que no tenga más excusas y gobierne”», Infobae, 9 de setiembre de 2026. Las expresiones citadas provienen del video difundido por la Red de Talentos Buen Gobierno de Lima Metropolitana y recogido en esa nota.
[2]Infobae, cit. (n. 1): Nieto reconoció que algunas medidas podrían ejecutarse por decreto de urgencia y otras «incluso sin recurrir a estos mecanismos», y por ello cuestionó que el Ejecutivo plantee la delegación como condición para actuar frente a la criminalidad.
[3]Max Weber, El político y el científico («La política como vocación», 1919), trad. Francisco Rubio Llorente, Madrid, Alianza Editorial. Weber contrapone allí, como principios «irremediablemente opuestos», la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad; esta última obliga a responder por «las consecuencias previsibles de la propia acción».
[4]Infobae, cit. (n. 1): el pedido debe aprobarse primero en la Cámara de Diputados —donde el oficialismo carece de mayoría y halla su principal escollo— y luego en el Senado, donde cuenta con la mitad de los votos. Cfr. Constitución, art. 104: la delegación se autoriza «sobre la materia específica y por el plazo determinado» fijados en la ley autoritativa; la especificidad y el plazo son límites materiales, no fórmulas de cortesía.
[5]El Senado se encuentra dividido treinta a treinta, con voto dirimente del lado oficialista, y ha sido organizado expresamente para revisar y modificar lo que le remita la Cámara de Diputados. Puede, por tanto, reponer aquello que la primera cámara recorte: no existe, en rigor, delegación parcial. (Cfr. Perú21, F. Vivas; El Comercio, sobre las comisiones bicamerales y la revisión de la delegación.)
[6]Oficio N.° 245-2026-PR, Proyecto de Ley N.° 00098-2026-2031-CD, Exposición de Motivos. El numeral 11 (materia ambiental) propone el silencio positivo y la aprobación automática de los instrumentos de gestión ambiental (p. 320); el capítulo de hidrocarburos contempla la «reducción física o modificación legal» de áreas naturales protegidas declaradas de necesidad pública (p. 292) y la subordinación de la intangibilidad de las reservas indígenas en aislamiento —Ley 28736, PIACI— a la «seguridad jurídica de los derechos preexistentes» del titular (p. 293).
[7]Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados, Opinión N.° 001-2026-2027/CMAS-CD, aprobada el 7 de setiembre de 2026 con voto dirimente de su presidencia tras un empate de 9 a 9. El predictamen se elaboró el viernes por la noche y se votó el lunes por la mañana, sin debate técnico de fondo.
[8]Banco Central de Reserva del Perú, Reporte de Inflación de marzo de 2022, Recuadro 5: la inversión minera cayó 35,3 % (2014-2016) y 58,5 % (2017-2019) precisamente en el conglomerado de mayor conflictividad social (Áncash, Cajamarca, Cusco), mientras crecía en las regiones sin conflicto. La flexibilización no destrabó la inversión; la ausencia de licencia social sí la frenó.
[9]Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, Sentencia de Vista (Res. N.° Seis), Exp. N.° 08060-2024-0-1801-JR-DC-05 (IDLADS c. MINEM y Perupetro): la sola promoción de hidrocarburos sobre el Parque Nacional Bahuaja Sonene es «acto regresivo» (Cons. 30) y la intangibilidad constituye «mandato cierto, claro e incondicional» (Cons. 25). El Área Promocional que recaía sobre Candamo quedó judicialmente cancelada.
[10]Hans Jonas, El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica, Barcelona, Herder. Su imperativo: «Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra». Ante lo irreversible, Jonas prescribe dar prioridad al pronóstico malo sobre el bueno.
[11]Convenio 169 de la OIT, art. 15.2: los pueblos interesados «deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades».
[12]Constitución Política del Perú, art. 66: los recursos naturales, renovables y no renovables, son «patrimonio de la Nación». La intangibilidad de un área protegida es la forma jurídica de esa cláusula: un bien de dominio público que el mercado no puede comprar.
[13]Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, México, FCE: la democracia es «el gobierno del poder público en público», y su patología es el poder invisible, el que decide a espaldas de la plaza. Cfr. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, Cómo mueren las democracias, Barcelona, Ariel: las instituciones ya no mueren por asalto, sino por decisiones tomadas con las formas intactas y el fondo entregado.
