El litigio estratégico por los derechos de los ciclistas en el Perú.

El 24 de abril del 2019 se aprobó la Ley No 30936, Ley que promueve y regula el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible estableciendo que la autoridad que debe implementar las políticas públicas para el uso de la bicicleta era el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, así como se declaró que el 3 de junio de cada año sea el Día de la Bicicleta, debiendo los organismos públicos y privados realizar actividades para conmemorar la fecha y crear conciencia de la necesidad del uso de la bicicleta; concordante con el establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución N° 72/272.
Se suponía que el Ministerio de Educación, “a través de las instituciones educativas públicas y privadas de primaria y secundaria de todo el territorio nacional, establece actividades promocionales de educación vial con la finalidad de que los alumnos conozcan el uso adecuado de las normas de tránsito aplicables en la la conducción de la bicicleta, como medio de transporte sostenible, eficiente y que contribuye en la preservación
del ambiente. Para tal efecto, el Ministerio de Educación coordina con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las normas de tránsito y otros aspectos que son materia de las actividades promocionales de educación.”
Sin embargo, la realidad es que poco ha hecho el sector educación por promover el uso de la bicicleta y todo lo contrario su desidia llama poderosamente la atención.
Por su parte, los gobiernos locales, “en el marco de sus programas municipales de educación, cultura y ciudadanía ambiental, o los que hagan sus veces, desarrollan acciones de comunicación y sensibilización ambiental sobre el uso de
la bicicleta como medio de transporte sostenible eficiente y que contribuye con la preservación del ambiente,”lo que tampoco ha venido ocurriendo pese a que los ciclistas han aumentado después de la pandemia y producto de la crisis económica.
Recordemos que el Estado de Emergencia Sanitaria del 2020-21 en el Perú ocasionó un crecimiento en el uso de la bicicleta puesto que evitaba el contagio por la aglomeración de personas en los paraderos o en los autobuses, lo que impulso que las autoridades municipales empezaran a implementar ciclovías, donde históricamente nunca habían existido, como por ejemplo en la Av. La Marina o Av. Javier Prado, pero ni bien se inmunizo a las personas y el tráfico
de vehículos automotores se normalizó estas se fueron desinstalando o simplemente desaparecieron. De allí, que parezca anecdótico que se haya establecido “de interés nacional y necesidad pública la adecuación progresiva, a nivel nacional, regional y local, de la infraestructura urbana y de transporte existente, para facilitar la utilización de la bicicleta como medio de transporte sostenible, eficiente y que contribuye en la preservación del ambiente.” Sin que esto se vea concretado en la realidad y todo lo contrario desaparezcan las ciclovías que se hicieron en la pandemia.
Se suponía que la bicicleta se integraría al transporte público y privado puesto que la ley estableció “que las autoridades de los tres niveles de gobierno implementan medidas que faciliten el transporte intermodal, con la finalidad de que el ciclista conecte su trayecto con otros medios de transporte; asimismo, habilitan espacios y estructuras seguras para el estacionamiento de bicicletas en las estaciones de los medios de transporte masivo.”
Lo cierto es que los continuos atropellos de ciclistas en los últimos años, así como el robo de sus bicicletas son asuntos que evidencian el incumplimiento de estas garantías de los derechos de los ciclistas.