«En el fondo el litigio estratégico es una de las expresiones de libertad de pensamiento y del derecho de insurgencia».
Henry Carhuatocto Sandoval, Litigio estratégico ambiental e indígena en Sudamérica[1]
1. La caja de expedientes
El año pasado, en varias oficinas del sur andino, alguien guardó expedientes en cajas de cartón. No fue una mudanza. Fue un despido. Abogados que llevaban años defendiendo a comuneros denunciados por proteger un río o un cerro recibieron la noticia de que su sueldo, pagado con cooperación internacional, ya no podía financiar juicios contra el Estado. El comunero siguió procesado. El fiscal siguió acusando. Solo cambió una cosa: al otro lado del teléfono ya no contestaba nadie.
Esa es la verdadera obra de la Ley N.° 32301, la llamada Ley APCI. No cerró las ONG; hizo algo más fino y más eficaz. Le quitó al movimiento socioambiental peruano su herramienta más afilada, el litigio estratégico contra el Estado, justo cuando el Estado se alinea, del Ejecutivo al Congreso, con la agenda extractiva. Primero se desarma al que reclama. Después se destraba el proyecto.
2. El ministro que destraba y el centinela que abre la puerta
El 28 de julio de 2026 Vladimiro Huaroc Portocarrero juró como ministro del Ambiente[2]. No llegó como un técnico neutral: en 2015 había integrado como candidato a la segunda vicepresidencia la plancha presidencial encabezada por Keiko Fujimori[3]. En setiembre, en la inauguración de ExpoMina, la presidenta lo presentó ante la industria sin rodeos: el ministro del Ambiente, dijo, «será el encargado de destrabar los proyectos»[4]. Así quedó dicho, sin pudor y en público. El ministerio creado para vigilar el impacto recibió el encargo de removerlo del camino.
El ministro repite que no hay que elegir entre ambiente y desarrollo[5]. Advirtamos la trampa de la fórmula. Quien dice que dos cosas nunca chocan se reserva el derecho de decidir, en silencio, cuál pierde cuando chocan. Y en el Perú ya sabemos cuál pierde.
En la Cámara de Diputados, la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad la preside desde agosto el diputado Arturo Alegría García, de Fuerza Popular[6]. Fue su voto dirimente el que convirtió un empate de 9 a 9 en opinión favorable a delegar facultades en materia ambiental, en una sesión donde el dictamen se leyó, no se debatió. Cuando otras bancadas lo cuestionaron, el presidente les reprochó no haber podido leer un informe de nueve páginas[7]. El custodio no solo abrió la puerta. Se ofendió porque alguien preguntó por la llave.
Al Ejecutivo que destraba y a la comisión que asiente se suma el Senado. El 21 de octubre de 2026 aprobó la delegación de facultades con 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones, con el apoyo de Fuerza Popular, Renovación Popular y parte de Obras[8]. Es cierto: la delegación final se recortó a seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño, y el propio presidente del Senado reconoció que quedaron fuera las materias de inversiones, formalización y modernización del Estado[9]. La batalla ambiental de setiembre no fue en vano. Pero el dato que debe quitarnos el sueño no es lo que se recortó, sino la aritmética que quedó al descubierto: el oficialismo ya sabe sumar 35 en el Senado. Si en la Cámara de Diputados consigue los diez votos que le faltan, como se calcula en los pasillos, controlará el Congreso entero. Entonces no habrá recorte que valga.
3. La derogación que nadie va a votar
Hay que decirlo sin anestesia: en este Congreso la derogación de la Ley APCI no tiene votos. Las razones están a la vista. El vocero de Obras en el Senado anunció que sus cuatro integrantes votarían con el oficialismo, y cumplió[10]. Buen Gobierno juega a dos bandas: sus diputados plantearon eliminar la prohibición de financiar acciones legales contra el Estado[11], mientras en el Senado el oficialismo lo contaba entre las fuerzas del consenso que le dio los 35 votos. Ahora Nación, por su parte, llegó al Congreso como oposición y hoy atraviesa su propia crisis interna. Una bancada que vota contra sí misma no deroga nada; con suerte, presenta un proyecto que duerme en comisión.
Desde IDLADS defendimos que pedir la derogación total era la mejor posición negociadora, porque quien pide el máximo deja margen para ceder y quien pide poco termina recibiendo menos. Lo sostenemos. Pero la honestidad obliga a separar la estrategia del espejismo. Una cosa es la bandera que se levanta para no perder el relato. Otra muy distinta es creer que el Pleno la va a votar este año.
Si la ruta legislativa está tapiada, queda la judicial. Y ahí el panorama es todavía más revelador.
4.El veto que sí funcionó
De todas las cláusulas de la Ley APCI, la que más daño hizo fue la que el Gobierno presentó como la más inocente. El entonces canciller lo explicó con una claridad que hoy suena a confesión: las ONG pueden litigar, y añadió: «Lo que no pueden hacer es utilizar fondos de cooperación internacional para esos fines»[12]. Es decir, el derecho existe, lo que se prohíbe es pagarlo. Así se deroga un derecho sin tocar su texto: se le corta el oxígeno. La CIDH exhortó al Perú a derogar justamente esas sanciones por financiar la defensa legal de ciudadanos frente al Estado[13], y la Corte Interamericana ordenó por dos veces, en julio de 2025, garantizar que las víctimas de casos como Barrios Altos y La Cantuta accedan a la justicia sin represalias derivadas de esta ley[14]. El Estado respondió con reglamentos.
El efecto fue inmediato y no salió en los titulares. Las organizaciones que sostenían equipos de litigio con cooperación hicieron cuentas, consultaron a sus abogados y despidieron a sus litigantes. Ocurrió con especial dureza en el sur, donde la criminalización de la protesta socioambiental es más densa y los procesos penales contra dirigentes se cuentan por decenas. Los defensores que ya estaban procesados quedaron en el aire, con audiencias programadas y sin defensa técnica de confianza. Para el fiscal, nada cambió. Para el comunero, cambió todo.
En este paisaje, una sola organización consiguió que un tribunal levantara esa prohibición para sí: el Instituto de Defensa Legal. En enero de 2026 el Sexto Juzgado Constitucional de Lima declaró fundado su amparo[15]; en julio, la Segunda Sala Constitucional de Lima revocó buena parte de esa victoria, pero mantuvo inaplicable el veto a litigar contra el Estado con fondos de cooperación[16]. Es decir, a la fecha, en todo el Perú, una sola institución puede pagar con cooperación a un abogado para demandar al Estado por una violación de derechos.
¿Cómo se explica que un movimiento entero haya aceptado esta asimetría sin un solo amparo colectivo que la replique? ¿Por qué la sentencia del IDL se celebró como victoria ajena y no como llave común? ¿Quién está llevando hoy los casos de los defensores criminalizados del sur? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien preguntó? El silencio también es una respuesta, y es la peor.
5. Ecología política del silencio
La ecología política enseña que los conflictos ambientales son, en el fondo, disputas por quién carga con los costos de la contaminación y quién se queda con los beneficios del recurso. Joan Martínez Alier llamó a esa resistencia de comunidades campesinas e indígenas el ecologismo de los pobres[17]: no defienden la naturaleza por estética, sino porque de ella dependen el agua que beben y la chacra que siembran. El litigio estratégico era la traducción de ese conflicto al idioma que el Estado está obligado a escuchar, el de la Constitución. Sin traductor, el conflicto no desaparece. Vuelve a la calle, y en la calle lo espera el Código Penal.
De allí la simetría perversa de esta coyuntura. Mientras el Ejecutivo nombra a quien debe destrabar y le pide al Congreso facultades para el silencio positivo en la certificación ambiental, la ley quita del tablero a quienes podían frenar el destrabe en los tribunales. No es un accidente legislativo. Es una ingeniería del poder: aliviar la carga del proyecto y agravar la del que reclama.
El escenario que queda es litigar con recursos propios. Suena digno, y lo es, pero no seamos ingenuos. En el campo jurídico, como enseñó Bourdieu, no litiga quien tiene razón, sino quien tiene capital para sostener diez años de expediente. Una ONG pequeña del sur no tiene ese capital. La empresa minera sí. El Estado, con sus procuradores, también.
Mientras tanto, los abogados despedidos se dispersan. Algunos litigan por su cuenta, a costo de su propio bolsillo y de su salud. Otros son absorbidos por estudios donde, con suerte, no tendrán que defender al otro lado. Otros terminan de consultores, redactando informes que nadie litigará. La paradoja es amarga: la generación de abogados que más sabía de consulta previa, de evaluación de impacto y de criminalización de defensores de derechos humanos es la que hoy tiene menos espacio para ejercer lo que sabe. El país pierde, a la volada y sin debate, un capital profesional que tardó veinte años en formarse.
6.La libertad con sello de mesa de partes
El movimiento socioambiental que conocimos antes de la última modificación de la APCI ya no existe. No murió en una batalla: se fue apagando en reuniones donde se discutía cómo cumplir. Y ni siquiera hay acuerdo sobre cómo nombrar lo que pasó.
Unos han decidido adaptarse. Se inscriben, piden la conformidad previa, ajustan sus planes a las políticas del Gobierno y moderan la incidencia para no quedar mal parados en la próxima fiscalización. Lo hacen por responsabilidad con sus equipos, y no somos quién para burlarnos de quien cuida la planilla. Pero advirtamos lo que se está aceptando. Organizaciones que antes hacían su trabajo con plena libertad hoy piden permiso para hacerlo. Fondos que antes administraban por decisión propia hoy solo pueden gastarse con visto bueno estatal. Eso no es transparencia: es tutela. Una libertad que se ejerce con sello de mesa de partes ya no es libertad, es concesión revocable.
Lo más grave no es la adaptación; es la costumbre. Cada conformidad pedida sin protesta enseña al poder que el permiso funciona. Cada proyecto recortado en silencio enseña al cooperante que el Perú es un lugar donde ya no se financia el conflicto, solo la capacitación. Y cada abogado despedido sin que nadie levante la voz enseña a los defensores del sur una lección terrible: que fueron imprescindibles mientras convenía, y prescindibles cuando costó defenderlos.
El litigio estratégico apenas se lloró. Hubo comunicados, un par de foros, alguna lágrima institucional. Luego, cada quien a lo suyo. Se dejó a su suerte a quienes fueron columna del movimiento, los abogados que pusieron el pecho en las audiencias y los dirigentes que pusieron el nombre en la denuncia. Un movimiento que abandona a sus defensores no pierde una batalla. Pierde la razón de existir.
7.Lo que queda por litigar
La lógica del litigio estratégico, lo escribimos hace años, no es ir a la batalla de manera visceral, sino sabiendo dónde estamos y a dónde queremos llegar[18]. Sabemos dónde estamos: un Ejecutivo que destraba, un Congreso que se acerca a la mayoría oficialista en ambas cámaras y una ley que desarmó a los defensores. Toca decir a dónde ir. Proponemos cinco rutas, todas posibles con recursos nacionales.
- Convertir la sentencia del IDL en llave común. La Segunda Sala Constitucional de Lima ya dijo que el veto a litigar contra el Estado con fondos de cooperación no puede aplicarse a una organización que lo cuestionó. Cada ONG con equipo jurídico debería presentar su propio amparo, ante la misma sede y con el mismo razonamiento, en lugar de esperar una derogación que no llegará.
- Que el Estado pague el litigio contra sus propias omisiones. El Nuevo Código Procesal Constitucional, Ley N.° 31307, condena en costos al Estado cuando pierde. Un fondo de litigio de interés público que reinvierta esos costos en nuevos casos convierte cada sentencia ganada en el financiamiento de la siguiente. Es la forma más limpia de autonomía: que la ilegalidad estatal pague la defensa de la legalidad.
- Una red de litigio con la diáspora. Los abogados despedidos no son una pérdida, son un activo disperso. Una red nacional, con colegios de abogados, consultorios jurídicos universitarios y organizaciones sociales, puede contratarlos por caso con fondos nacionales y devolverles el lugar que perdieron.
- Un pacto de no abandono. Ningún defensor ambiental criminalizado debería ir solo a una audiencia. Hace falta un inventario de los procesos penales abiertos contra defensores de derechos humano, caso por caso, con un abogado asignado a cada uno. Es una tarea de semanas, no de años, y nadie la ha hecho.
- Un relato propio. El oficialismo ganó la discusión de la APCI con una palabra, transparencia. El movimiento no ha sabido nombrar lo que pierde. Hay que decirlo en voz alta: lo que se prohibió no fue el dinero extranjero, fue la defensa de los que menos tienen frente al que más puede.
No hace falta ganar cada caso. Basta, a veces, con hacer visible el problema y sensibilizar a la sociedad.
A los directores de ONG les toca decidir si seguirán pidiendo permiso o volverán a ejercer derechos. A los colegios de abogados, abrir sus puertas a la diáspora. A los jueces constitucionales, recordar que el derecho de defensa no se suspende porque el dinero venga de afuera. Y a los defensores criminalizados, saber que no están solos. Eso último no depende de ninguna ley. Depende de nosotros.
Lima, 1 de noviembre de 2026
Henry Oleff Carhuatocto Sandoval
Director Ejecutivo de IDLADS PERÚ
[1] Carhuatocto Sandoval H. Litigio estratégico ambiental e indígena en Sudamérica. Lima: IDLADS PERÚ; 2017.
[2] Presidencia del Consejo de Ministros. Resolución Suprema N.° 239-2026-PCM. Nombran Ministro del Ambiente. El Peruano [Internet]. 2026 jul 28 [citado 2026 nov 1]. Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/EX/2538529-17
[3] Actualidad Ambiental. ¿Quién es Vladimiro Huaroc, el nuevo ministro del Ambiente? [Internet]. Lima: SPDA; 2026 [citado 2026 nov 1]. Disponible en: https://www.actualidadambiental.pe/?p=154892
[4] El Peruano. Presidenta Fujimori: «Defenderemos el medio ambiente y promoveremos la inversión sostenible» [Internet]. 2026 set [citado 2026 nov 1]. Disponible en: https://elperuano.pe/noticia/304386-presidenta-fujimori-defenderemos-el-medio-ambiente-y-promoveremos-la-inversion-sostenible
[5] Ministerio del Ambiente. Ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc: «El Perú no tiene que elegir entre ambiente y desarrollo» [Internet]. Lima: Minam; 2026 [citado 2026 nov 1]. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/1436893-ministro-del-ambiente-vladimiro-huaroc-el-peru-no-tiene-que-elegir-entre-ambiente-y-desarrollo
[6] Congreso de la República. Diputado Arturo Alegría presidirá la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad [Internet]. Lima; 2026 ago 19 [citado 2026 nov 1]. Disponible en: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/diputado-arturo-alegria-presidira-la-comision-de-medio-ambiente-y-sostenibilidad/
[7] Diario Correo. Arturo Alegría critica a bancadas que no apoyaron facultades: «No han podido leer un informe de nueve páginas» [Internet]. 2026 set [citado 2026 nov 1]. Disponible en: https://diariocorreo.pe/politica/arturo-alegria-critica-a-bancadas-que-no-apoyaron-facultades-no-han-podido-leer-un-informe-de-nueve-paginas-noticia/
[8] LP Derecho. Pleno del Senado aprueba pedido de facultades legislativas en 27 puntos [Internet]. 2026 oct [citado 2026 nov 1]. Disponible en: https://lpderecho.pe/pleno-senado-aprueba-pedido-facultades-legislativas-27-puntos/
[9] Congreso de la República. Miguel Torres: «No ha habido ningún tipo de desnaturalización» en la delegación de facultades al Ejecutivo [Internet]. Lima; 2026 oct 21 [citado 2026 nov 1]. Disponible en: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/miguel-torres-no-ha-habido-ningun-tipo-de-desnaturalizacion-en-la-delegacion-de-facultades-al-ejecutivo/
[10] Canal N. Daniel Barragán confirma que bancada de Obras votará a favor de la delegación de facultades [Internet]. 2026 oct [citado 2026 nov 1]. Disponible en: https://canaln.pe/actualidad/daniel-barragan-confirma-que-bancada-obras-votara-favor-delegacion-facultades-n495768
[11] LP Derecho. Diputados de Buen Gobierno plantean derogar Ley APCI que prohíbe a ONG asesorar, asistir o financiar acciones judiciales contra el Estado [Internet]. 2026 [citado 2026 nov 1]. Disponible en: https://lpderecho.pe/diputados-buen-gobierno-plantean-derogar-ley-apci-prohibe-ong-asesorar-asistir-financiar-acciones-judiciales-contra-estado/
[12] Expreso. Las ONG no tienen prohibido litigar contra el Estado, pero deben hacerlo con responsabilidad, afirma canciller Elmer Schialer sobre Ley APCI [Internet]. 2025 [citado 2026 nov 1]. Disponible en: https://www.expreso.com.pe/politica/las-ong-no-tienen-prohibido-litigar-contra-el-estado-pero-deben-hacerlo-con-responsabilidad-afirma-canciller-elmer-schialer-sobre-ley-apci-registros-publicos-noticia/1227811/
[13] Actualidad Ambiental. Ley APCI: CIDH exhortó a derogar artículos contrarios a libertad de expresión y asociación, y acceso a la justicia [Internet]. Lima: SPDA; 2025 [citado 2026 nov 1]. Disponible en: https://www.actualidadambiental.pe/ley-apci-cidh-exhorto-a-derogar-articulos-contrarios-a-libertad-de-expresion-y-asociacion-y-acceso-a-la-justicia/
[14] La República. Gobierno de Dina Boluarte promulga reglamento que fortalece a la APCI y somete el financiamiento y actividades de las ONG [Internet]. 2025 set 14 [citado 2026 nov 1]. Disponible en: https://larepublica.pe/politica/2025/09/14/gobierno-de-dina-boluarte-promulga-reglamento-que-fortalece-a-la-apci-y-somete-el-financiamiento-y-actividades-de-las-ong-hnews-1263878
[15] Perú21. Poder Judicial declara inaplicable la Ley APCI para regular las ONG [Internet]. 2026 ene 14 [citado 2026 nov 1]. Disponible en: https://peru21.pe/politica/poder-judicial-declara-inaplicable-la-ley-apci-para-regular-las-ong/
[16] Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Exp. N.° 08598-2025, Resolución N.° 32, sentencia de vista (2026 jul 1). Instituto de Defensa Legal c. Congreso de la República y otros.
[17] Martínez Alier J. El ecologismo de los pobres: conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Barcelona: Icaria; 2004.
[18] Carhuatocto Sandoval H. Litigio estratégico ambiental e indígena en Sudamérica. Lima: IDLADS PERÚ; 2017.
