Lima, 1 de diciembre de 2025 – El Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú (IDLADS Perú) presentó hoy una demanda de hábeas data ante el 4° Juzgado Constitucional de Lima, exigiendo al Ministerio Público información crucial sobre las acciones emprendidas para combatir la crisis de violencia sexual que afecta a niñas, niños y adolescentes indígenas awajún en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas.
Una crisis que no puede seguir en la sombra
La acción legal busca saber que esta haciendo el Ministerio Público sobre las 524 denuncias de violencia sexual contra estudiantes indígenas presentadas desde 2010 al 2025, muchas de ellas señalando a docentes como agresores. «Las familias awajún merecen saber qué está haciendo el Estado para proteger a sus hijas e hijos», señaló Yanua Atamain Uwarai, Presidenta de IDLADS Perú.
La solicitud de información incluye conocer:
- El número de denuncias presentadas y casos con investigación en curso
- Los casos archivados y sus motivos
- Las sentencias condenatorias obtenidas
- Los principales obstáculos que enfrenta el Ministerio Público para continuar las diligencias contra los agresores
Un llamado urgente por justicia
«No se trata solo de números o estadísticas», explicó Carhuatocto. «Detrás de cada una de estas 524 denuncias hay una niña o un niño cuya vida fue marcada por la violencia. Las comunidades awajún han alzado la voz, especialmente a través del Consejo de Mujeres Awajún, enfrentando incluso amenazas por visibilizar esta problemática».
La Defensoría del Pueblo ya expresó en junio de 2024 su profunda preocupación por la «grave situación de vulnerabilidad e inminente riesgo» que enfrentan las niñas y adolescentes awajún en Condorcanqui.
Transparencia para la transformación
La demanda también solicita información sobre las diligencias para implementar un sistema especializado de justicia que articule esfuerzos del Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, específicamente diseñado para proteger a la niñez indígena.
«El acceso a la información pública no es un capricho legal, es una herramienta fundamental para que la ciudadanía pueda ejercer vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado», enfatizó la presidenta de IDLADS Perú. «La transparencia es el primer paso hacia la rendición de cuentas y la justicia real».
Justicia pendiente
IDLADS Perú presentó inicialmente esta solicitud de información el 6 de noviembre mediante la CARTA 2025-2025-IDLADS PERÚ, pero tras más de 10 días hábiles sin respuesta del Ministerio Público, la organización se vio obligada a recurrir a la vía constitucional.
«Las niñas y niños awajún no pueden esperar más. Sus familias no pueden esperar más. La justicia no puede seguir llegando tarde o nunca llegar», concluyó Yanua Atamain Uwarai.
Lima, 1 de diciembre de 2025
IDLADS PERÚ
