Sobre el valor de los parques y santuarios, y la urgencia de armonizarlos con los derechos de los pueblos indígenas —sin hacer desaparecer ni a unos ni a otros.
Hay una escena que se repite en la historia de nuestro país, aunque cambien los siglos y los nombres. Un funcionario, en una oficina lejana, traza una línea sobre un mapa. Del otro lado del escritorio no hay nadie; nadie fue llamado. Cuando la línea baja del papel y aterriza en el mundo, resulta que abraza montañas, ríos, quebradas y, sin haberlo advertido, también la casa de un pueblo que llevaba siglos allí. Ese pueblo se entera después, como el hombre del campo de aquella parábola que espera toda su vida ante una puerta de la Ley que, le dicen al final, estaba hecha solo para él. La puerta se abre para protegerlo, aseguran. Él, sin embargo, la siente cerrarse.
Conviene detenerse en esa paradoja, porque de ella vive el debate que hoy divide a quienes deberían estar del mismo lado. Una cosa buena —guardar el bosque, salvar el agua, dejar en pie el santuario— puede ser vivida como despojo cuando llega sin preguntar. Y cuando esa herida se nombra, la palabra que la nombra corre un riesgo curioso: nace para liberar y puede terminar sirviendo para despojar.
La tierra, siempre la tierra
Mariátegui lo dijo sin rodeos hace un siglo: el problema del indio es, en el fondo, el problema de la tierra. No la escuela, no la parroquia, no el reglamento: la tierra. Nuestra mejor literatura no hizo otra cosa que darle rostro a esa verdad. En la comunidad de Rumi —esa aldea andina que un novelista imaginó para que fuera todas las aldeas— un pueblo entero descubre que el mundo es ancho, sí, pero ajeno: propio de otros, cercado por otros, negado por otros. En Rancas, más al centro de los Andes, un Cerco de alambre avanza en la noche como un animal silencioso y se traga los pastos, el ganado y por fin a los hombres. El despojo no siempre grita. A veces es una cerca. A veces es una línea en un mapa.
Esa memoria pesa, y hace bien en pesar. Quienes acuñaron la idea de una «conservación excluyente» señalaron una herida real: áreas creadas a espaldas de los pueblos que las habitaban, sin consulta, sin consentimiento, a veces negándoles hasta el derecho a llamarse indígenas. Frente a eso no cabe el aplauso tibio ni la mirada al costado. Un parque dibujado sobre una casa sin tocar la puerta es, antes que un problema ecológico, una injusticia. Y una injusticia no se conserva: se repara.
Pero el santuario también tiene voz
Y sin embargo. Hay otra verdad que no podemos soltar de la mano mientras sostenemos la primera.
El santuario, el parque, la zona intangible no son abstracciones burocráticas. Son lo último que queda en pie cuando todo lo demás ha sido vendido. Un escritor andino escuchó en los ríos profundos una voz que no era metáfora: para él el agua cantaba, la piedra recordaba, la montaña miraba. No hablaba de paisajes; hablaba de seres. Del otro lado del mundo, un solitario junto a una laguna anotó una frase que envejeció bien:en lo silvestre se preserva el mundo. No es romanticismo. Es una intuición jurídica antes de tiempo: hay lugares cuyo valor está justamente en que la mano del cálculo no llega a ellos.
Esa es la razón de ser de la intangibilidad de un parque nacional o de un santuario. No es un capricho conservacionista: es el escudo que permite a los guardaparques —hombres y mujeres que caminan días de monte por un sueldo modesto— frenar a la minería ilegal, a la tala que no descansa, al tráfico de tierras que avanza como aquel Cerco de la novela de Scorza. Y con frecuencia ese mismo escudo protege a los pueblos que la propia línea no supo ver: los que viven en aislamiento, los que no vendrán a ninguna audiencia porque su única defensa es que nadie entre. Bajar la guardia del parque no libera a nadie. Abre el perímetro. Y por la brecha no entran los pueblos: entran las máquinas, los invasores, los traficantes de tierra, tala descontrolada y la minería ilegal.
Antígona, o el arte de no elegir
Aquí está el nudo, y es un nudo antiguo. Hace veinticinco siglos, una mujer enterró a su hermano contra la orden del rey. Ella invocaba una ley no escrita, la de los muertos y los antepasados; él invocaba la ley de la ciudad, la del orden y la seguridad. La tragedia de esa historia no es que uno tenga razón y el otro no. La tragedia es que ambos tienen algo de razón, y que un poder ciego los obligó a chocar cuando pudieron haberse escuchado. El teatro nos legó esa lección incómoda: los conflictos más hondos no suelen ser entre el bien y el mal, sino entre dos bienes que alguien, por soberbia o por pereza, se negó a armonizar.
El derecho de un pueblo a su territorio ancestral y el deber de un país de conservar sus bosques no son Antígona y Creonte condenados a destruirse. Son dos legitimidades del mismo rango. Nuestra Constitución no nos manda escoger: manda proteger los recursos naturales (artículo 66) y, en el mismo aliento, obliga al Estado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas (artículo 68). El Convenio 169 de la OIT, con su artículo 14, reconoce a los pueblos la propiedad sobre lo que siempre ocuparon. Ninguno de esos textos pide sacrificar al otro. Piden concordancia. La técnica del jurista no es la del leñador que derriba un árbol para liberar al pájaro; es la del que encuentra dónde el nido y la rama pueden seguir juntos.
El filo de las palabras
Llegamos así a la advertencia que da título a estas líneas. Un concepto pensado para emancipar puede terminar capturado para despojar.
«Conservación excluyente» nació para denunciar una imposición colonial: la de crear áreas sin escuchar a quienes las habitan. Es una denuncia justa. Pero las palabras tienen filo, y no siempre cortan del lado que uno quisiera. Del hecho verdadero de que este parque excluyó, es fácil deslizarse a la idea de que la conservación excluye. Y ese deslizamiento —del defecto de una a la condena de todas— es exactamente lo que esperan quienes no aman ni al bosque ni a los pueblos, sino a la frontera que avanza. El lobby que empuja normas para deforestar en paz, el que legaliza el tráfico de tierras, el que quisiera todo parque abierto y toda intangibilidad negociable, brindaría con gusto por el eslogan «la conservación excluye». Una idea forjada para desatar cadenas puede ser recogida por la razón instrumental —esa que todo lo convierte en herramienta— y devuelta como palanca de despojo. No entreguemos esa palanca.
Seres de la tierra, no vigilantes de ella
¿Cuál es entonces el camino? No el del parque contra el pueblo, ni el del pueblo contra el parque. El de la conservación con derechos. Consulta previa cuando se crea o se revisa un área. Reservas comunales y gestión compartida, donde los pueblos no entren como visitantes tolerados ni como mano de obra de la conservación. Transparencia y reparto justo en los proyectos de carbono, que no pueden hacerse a espaldas de quien vive bajo esos árboles. Titulación que se armonice con la zonificación, sin ceder la intangibilidad de los núcleos que son el corazón del santuario.
Pero hay que decir algo más, y decirlo con cuidado, porque hasta el elogio puede ser una forma sutil de despojo. Se ha vuelto costumbre llamar a los pueblos indígenas «guardianes de la naturaleza». Suena noble, y sin embargo arrastra un malentendido antiguo. Un guardián está afuera de lo que cuida; vigila un objeto que no es él; se lo mide por su utilidad, por lo bien que cumple su turno. Esa mirada —la que convierte al bosque en cosa y al pueblo en su vigilante— es hija de la misma razón que dibujó la línea sobre el mapa: sigue queriendo entender con el código civil lo que no se deja pensar así.
Porque un pueblo indígena no cuida el río como quien cuida una propiedad ajena. Pertenece al río, y el río le pertenece, en un vínculo que no es de vigilancia sino de parentesco. La montaña no es su patrimonio: es su pariente, su memoria, a veces su antepasado y su dios. No se relaciona con la tierra uno por uno, sino como pueblo: el lazo es espiritual y es colectivo, tejido de rituales, de nombres, de muertos enterrados y de palabras que solo tienen sentido en ese suelo. El escritor que oyó cantar a las aguas no adornaba con una figura poética; nombraba una manera de estar en el mundo donde la naturaleza no es escenario ni recurso, sino un tejido vivo del que uno mismo es hebra. Separar a esa gente de su territorio «para conservarlo» es como salvar el cuerpo arrancándole el corazón: se protege una forma y se mata lo que la hacía latir.
De ahí que la armonización no sea una concesión generosa, sino la única lógica coherente. No se trata de admitir a un buen vigilante dentro del santuario. Se trata de reconocer que el santuario y su pueblo nunca fueron dos cosas, y que la línea que los separó fue, desde el principio, la verdadera intrusa. Devolver a la tierra su continuidad con quienes son de ella —y son de ella no por título sino por origen— es cerrar por fin el círculo que aquel trazo sobre el mapa dejó abierto.
Este ensayo no pretende clausurar la discusión, sino abrirla mejor. A los abogados les propone desconfiar de las fórmulas que suenan justas y cortan hacia donde no miramos. A los ciudadanos les pide sostener dos verdades a la vez, sin soltar ninguna: que un pueblo despojado merece su tierra, y que un bosque en pie nos salva a todos. El río profundo no nos exige elegir entre él y sus hijos. Nos pide, apenas, que aprendamos a escuchar las dos orillas.
Lima, 19 de julio de 2026
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible del Perú — IDLADS PERÚ
