
En 2011 y 2012, Tía María y Conga dejaron muertos y heridos, y también una pregunta que ningún comunicado oficial supo contestar: ¿cómo confiar en un estudio ambiental que aprueba el mismo ministerio encargado de atraer la inversión que ese estudio debe contener? De esa pregunta nació el SENACE en diciembre de 2012. Como dice el libro, «El SENACE es hijo de Tía María y de Conga»¹.
La reforma, sin embargo, se quedó a medias. El SENACE recibió los estudios detallados, pero los semidetallados siguen hasta hoy en manos del ministerio que promueve la carretera, la irrigación o la planta de tratamiento. Es el viejo modelo del juez que también es parte. Sus impactos se llaman «moderados», pero son los más numerosos y los que más se acumulan, y caen sobre la comunidad cuyo canal se desvía o sobre el barrio que una vía de evitamiento parte en dos.
La Ley N.° 29968 le puso un reloj a cada sector: dos años después de que el SENACE asuma los estudios detallados, debe empezar la transferencia de los semidetallados². En Energía y Minas ese plazo venció en 2017, en Transportes en 2018, en Agricultura en 2019 y en Vivienda y Construcción en 2023. En ninguno de esos sectores el Ejecutivo dictó el decreto por su cuenta.
IDLADS PERÚ llevó esa omisión ante los jueces constitucionales de Lima. En setiembre de 2025, la Segunda Sala Constitucional la llamó por su nombre, renuencia³. Ocho meses después se publicó el Decreto Supremo N.° 006-2026-MINAM, y el 10 de julio de 2026 el SENACE asumió los semidetallados de Transportes. Fue la primera transferencia de este tipo en todo el sistema, y llegó por una sentencia. En julio de 2026, el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio declaró también la renuencia en el sector agrario e inaplicó el «reloj común» con que el Ministerio del Ambiente pretendía aplazarlo todo⁴.
El libro no se queda en la crónica de expedientes. Lee el pleito desde la ecología política, que pregunta quién gana y quién pierde cuando el promotor evalúa su propia obra. Lo lee desde la teoría de la justicia, que pregunta qué arreglo institucional elegiría alguien que no sabe si vivirá junto a la autopista o lejos de ella. Y lo lee desde los principios del derecho ambiental, que preguntan qué le exigen la prevención, la precaución y la gobernanza a un Estado que ya escribió la respuesta en su ley y no la cumple. De las sentencias saca cuatro reglas que sirven para cualquier sector:
- El mandato es cierto y tiene destinatarios precisos.
- La dificultad de gestión no excusa el incumplimiento.
- El plazo se cuenta sector por sector.
- Lo que se ordena es dictar el decreto.
También dice con honestidad dónde termina la victoria: la sentencia obliga a dictar el decreto, pero no asegura que sea bueno. Por eso abre una segunda etapa, la de vigilar.
Un libro para el juez que debe fijar plazos y apercibimientos, para el funcionario que todavía puede dictar el decreto sin esperar otra sentencia y para la comunidad que vive junto a la obra y tiene derecho a que la evalúe alguien imparcial. Porque, como advierte su autor, «Una reforma ambiental puede morir de dos maneras: derogada o desobedecida»¹.

Lima, 20 de noviembre de 2026
IDLADS PERÚ
¹ Carhuatocto Sandoval HO. El litigio estratégico por la transferencia de los estudios de impacto ambiental semidetallados al SENACE. Lima: IDLADS PERÚ; 2026. Disponible en: http://www.idladsperu.org.pe
² Perú. Ley N.° 29968, Ley de creación del SENACE, Segunda Disposición Complementaria Transitoria (modificada por la Ley N.° 30327). Diario Oficial El Peruano [Internet]. 20 dic 2012 [citado 20 nov 2026]. Disponible en: https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29968.pdf
³ Corte Superior de Justicia de Lima, Segunda Sala Constitucional. Resolución N.° 10, Exp. N.° 04309-2024-0-1801-JR-DC-02. Lima; 16 set 2025.
⁴ Corte Superior de Justicia de Lima, Segundo Juzgado Constitucional Transitorio. Resolución N.° 9, Exp. N.° 17446-2025-0-1801-JR-DC-01. Lima; 10 jul 2026.