-Cuando el guardian del Ambiente se transforma en su principal amenaza en el Congreso-
1. Tres palabras en una citación
El lunes 9 de noviembre, a las nueve de la mañana, en la sala Miguel Grau Seminario, la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados recibirá al ministro del Ambiente, al ministro de Energía y Minas, al presidente del directorio de Perupetro y al jefe del SERNANP. El tema de la agenda cabe en una línea y pesa como un decreto: un «informe sobre el alcance del convenio de evaluación técnica para valorar el potencial de la reserva Bahuaja Sonene en el valle del Candamo – Madre de Dios como yacimiento, estimado en 10.3 trillones de pies cúbicos de gas natural».[1]
Leámoslo despacio, como se lee una norma. Tres palabras bastan para desarmarlo. «Reserva»: el Bahuaja Sonene no es una reserva, es un parque nacional, la categoría más estricta que conoce nuestra ley. «Yacimiento»: el Candamo no es un yacimiento, es un territorio intangible sobre el que pesa una sentencia firme. «Convenio»: no hay convenio, porque Perupetro canceló el proceso de firma para cumplir esa sentencia. La citación nombra algo que no existe para discutir algo que no se puede hacer.
Nuestra tesis es directa. Tal como ha sido convocada, esta sesión es inconstitucional y desacata la cosa juzgada. El Congreso tiene poder para fiscalizar y debe usarlo; lo que no puede es convertir el control político en un acto de promoción del gas dentro de un parque nacional, que es exactamente el tipo de acto que la Tercera Sala Constitucional de Lima declaró regresivo y contrario a la ley. Antes de recortar un parque por decreto, se lo recorta en el lenguaje. A eso lo llamaremos desafectación por agenda.
2. El convenio técnico que no existe
Recordemos cómo terminó la historia que la agenda pretende reabrir. En agosto de 2024 Perupetro configuró el Área XCII para suscribir un convenio de evaluación técnica sobre la estructura Candamo, y parte de esa área se superponía al parque. IDLADS PERÚ exigió por carta que se cumpliera la Ley de Áreas Naturales Protegidas. No hubo respuesta favorable. El 17 de setiembre de 2024 interpusimos una demanda de cumplimiento ante el Quinto Juzgado Constitucional de Lima, Expediente N.° 08060-2024-0-1801-JR-DC-05.[2]
El 26 de marzo de 2025 el juzgado ordenó a Perupetro y al Ministerio de Energía y Minas cumplir los artículos 21, 22 y 27 de la Ley N.° 26834 y el artículo 22 de la Ley N.° 26839, actuar «sin comprometer la integridad del Parque Nacional Bahuaja Sonene» e «informar de manera clara y explícita en todo acto de promoción u otro las condiciones, restricciones y calidad de las áreas protegidas».[3] El 5 de junio de 2025 la Tercera Sala Constitucional confirmó la sentencia en todos sus extremos.[4]
Perupetro obedeció. Por carta del 4 de setiembre de 2025 informó al consorcio calificado que, considerando la sentencia de vista, «ha decidido cancelar el proceso de firma del Convenio de Evaluación Técnica en el Área XCII», y el juzgado lo puso en conocimiento de las partes el 21 de octubre de 2025.[5] El convenio no llegó a firmarse. Su alcance, entonces, ya fue fijado por un juez: cero.
La misma carta, sin embargo, anunciaba la segunda batalla. En el párrafo siguiente Perupetro decía trabajar con el Ministerio en «un marco normativo que permita el aprovechamiento sostenible de las actividades hidrocarburíferas en áreas naturales protegidas de uso indirecto con antecedentes de exploración».[6] El año 2026 cumplió el anuncio. La viceministra de Hidrocarburos admitió que los mecanismos para entrar al Candamo estaban en el pedido de facultades: «Sí, lo hemos incluido».[7] La exposición de motivos del Ejecutivo propuso permitir la «reducción física o modificación legal» de un área protegida.[8] Diputados y Senado dejaron fuera esa materia.[9] La puerta legislativa se cerró. Ahora se intenta por la ventana de una comisión.
3. Lo que el juez ya pesó, ninguna comisión lo vuelve a pesar
El artículo 139, inciso 2, de la Constitución dice que ninguna autoridad puede «dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución». Y añade una frase escrita para el Congreso: su facultad de investigación no debe «interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno».[10] La Ley Orgánica del Poder Judicial cierra el círculo: toda autoridad debe acatar las decisiones judiciales «en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances».[11]
Advirtamos la ironía. La ley prohíbe a cualquier autoridad interpretar los alcances de una decisión judicial, y la agenda cita a cuatro autoridades para informar sobre «el alcance» del convenio que esa decisión dejó sin vida. No hay nada que medir. Lo que el Poder Judicial cerró no se reabre en una sala del Parlamento, ni siquiera con el lenguaje cortés de un informe.
La Sala fue más lejos y blindó la decisión de origen. Crear un parque nacional, escribió, es una ponderación entre desarrollo y conservación que, «una vez tomada y formalizada en la ley, no puede ser revertida tácitamente por acciones administrativas que desvirtúen su propósito».[12] El Estado ya pesó el gas del Candamo contra su bosque en setiembre de 2000, cuando amplió el parque con pleno conocimiento del pozo perforado allí en 1998 y 1999. El resultado de ese pesaje fue una regla: aquí no se extrae. Volver a poner la cifra en la balanza cada vez que sube el precio del gas convierte una regla en una opinión.
No queremos caricaturizar a la Comisión. Según la nota oficial del Congreso, la diputada que pidió la citación también solicitó las opiniones técnicas del SERNANP, y el tercer punto de la agenda habla de «garantizar la estricta protección de las áreas naturales protegidas».[13] Ese es el control que la Constitución quiere. Pero el tema no es el punto tres. El tema es «valorar el potencial» del parque «como yacimiento». Cuando una autoridad discute si conviene hacer lo que un juez declaró contrario a la ley, ya no fiscaliza el cumplimiento: lo pone en duda. El artículo 45 de la Constitución recuerda que quienes ejercen el poder lo hacen «con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen».[14] La cosa juzgada es una de ellas.
4. La promoción también se hace desde un atril
En el juicio, Perupetro y el Ministerio repitieron un argumento: el convenio solo permitía estudios de gabinete, papeles y mapas, ningún daño. La Sala lo desarmó en tres considerandos que hoy deberían leerse en voz alta en la sala Miguel Grau. La intangibilidad «no es un concepto simbólico, sino una limitación legal al ejercicio de cualquier actividad, incluida la exploración, que pueda poner en riesgo la integridad ecológica del área». El área promocional, «por su sola existencia y superposición, constituye un acto regresivo». Y el acto de promoción «genera una expectativa de uso y abre la puerta a futuras actividades extractivas», por lo que constituye «una renuencia tácita pero manifiesta» a cumplir la ley.[15]
La regla es clara: para dañar un parque no hace falta una perforadora, basta una expectativa. Ahora miremos la sesión del lunes con esa regla en la mano. Una comisión del Parlamento, con dos ministros y el presidente de Perupetro sentados a la mesa, pone en agenda oficial la cifra de 10.3 trillones de pies cúbicos y la idea del parque «como yacimiento». Eso es promoción en toda regla, con escudo de la República y transmisión en vivo. Es el Área XCII en versión parlamentaria.
La cifra, además, no está probada. La nota del Congreso la atribuye a la diputada que pidió la citación.[16] El propio Perupetro reconoció en setiembre de 2026 que la cuenca de Madre de Dios está subexplorada, que solo se han perforado siete pozos exploratorios en 7,5 millones de hectáreas y que el Candamo presenta un alto riesgo exploratorio.[17] Un yacimiento es lo que se ha demostrado. Lo que hay bajo el Candamo es una hipótesis con trillones de ceros y un parque encima.
El segundo punto de la agenda empeora el cuadro: pide «evaluaciones ambientales respecto al potencial estimado». No se evalúa el impacto ambiental de lo que la ley prohíbe. Un estudio de impacto presupone una actividad posible; en un parque nacional, el artículo 21 de la Ley N.° 26834 dice que «no se permite la extracción de recursos naturales».[18] Pedir la evaluación es ya admitir la actividad.
Aquí el desacato tiene destinatarios precisos. La sentencia ordenó al Ministerio de Energía y Minas y a Perupetro informar «en todo acto de promoción u otro» las restricciones de las áreas protegidas.[19] Si el lunes hablan del potencial del Candamo sin decir, primero y con todas sus letras, que es intangible y que el convenio se canceló por mandato judicial, estarán incumpliendo una sentencia firme frente al Parlamento. Y el artículo 118, inciso 9, de la Constitución obliga al Ejecutivo a «cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales».[20]
5. Desafectación por agenda
La literatura especializada estudia cómo los Estados rebajan de categoría, recortan o desafectan sus áreas protegidas. Casi siempre mira el decreto. Pocas veces mira lo que viene antes: las palabras que preparan el terreno. En el Perú de 2026 esa secuencia se puede seguir día por día, y ocurre en la misma comisión.
El 14 de setiembre, ante ella, el ministro del Ambiente sostuvo que las áreas naturales protegidas no deben ser consideradas «museos vivientes».[21] Seis semanas después, su presidente dijo que «estuvo de moda el ‘romanticismo’» de hablar de protección ambiental.[22] Ahora la agenda llama «reserva» a un parque nacional y «yacimiento» a su bosque. Museo, moda, reserva, yacimiento. Ninguna palabra es inocente. En la Ley N.° 26834 las reservas nacionales figuran entre las áreas de uso directo, donde se admite el aprovechamiento de recursos; los parques nacionales están entre las de uso indirecto, donde no se extrae nada.[23] El error de categoría no es un descuido de redacción. Es el parque rebajado en el papel antes de serlo en la ley.
A ese fenómeno lo llamamos desafectación por agenda: el uso de la agenda oficial de un poder del Estado para tratar como disponible un territorio que la ley y una sentencia declararon intangible. No necesita votación. Le basta una sala, una cifra repetida por voces oficiales y unas actas que mañana servirán de antecedente. La agenda de hoy es el borrador de la exposición de motivos de mañana.
La ecología política conoce bien este gesto. Donde el geólogo ve trillones de pies cúbicos, el pueblo Ese Eja ve el bosque del que dependen su alimento, su memoria y sus lugares sagrados; son lenguajes de valoración que el dinero no traduce.[24] Clasificar un territorio por su utilidad para la acumulación es el viejo patrón colonial que sobrevivió a la Colonia, hoy ejecutado desde Lima por el propio Estado nacional.[25] Yanua Atamain Uwarai, presidenta de IDLADS PERÚ, lo dijo ante los jueces con menos palabras: «Bahuaja Sonene no está en venta».[26]
Y entonces hay que preguntarlo sin rodeos. ¿Qué alcance tiene un convenio que nunca se firmó? ¿Qué impacto ambiental se evalúa sobre una extracción que la ley prohíbe? ¿Qué se fiscaliza cuando lo único que habría que fiscalizar es que nadie entre? ¿Por qué se cita al presidente de Perupetro para hablar de potencial y no al jefe de las brigadas que este año apagaron incendios en veinte áreas protegidas con mochilas y sopladores?[27] ¿Quién ganaría con el gas del Candamo, y quién cargaría con el río muerto? La respuesta no tarda: la sesión está mal planteada desde su primera línea, y una pregunta mal planteada desde el poder ya es una decisión.
6. Lo que debe pasar el lunes 9
La sesión todavía puede corregirse, y cada actor tiene una tarea concreta.
Al ministro de Energía y Minas y al presidente de Perupetro les toca abrir su exposición con la verdad jurídica: el Candamo es parte de un parque nacional intangible y el convenio se canceló en cumplimiento de la sentencia del Expediente N.° 08060-2024. No es una cortesía. Es la orden judicial que los obliga en todo acto de promoción u otro.
Al ministro del Ambiente y al jefe del SERNANP les toca decir lo que su cargo exige: que no existe evaluación técnica posible para extraer gas de un parque nacional, y que lo que el Bahuaja Sonene necesita son guardaparques, brigadas y aeronaves, no estudios de potencial.
A la Comisión le toca llamar al parque por su nombre, abstenerse de adoptar cualquier acuerdo que recomiende «evaluar» o «valorar» el Candamo como yacimiento y reorientar la sesión hacia lo que sí es control político: supervisar que la sentencia se cumple y que el SERNANP tiene con qué cuidar lo que la Constitución le encarga en su artículo 68.[28]
Al Quinto Juzgado Constitucional de Lima le corresponde, si las demandadas usan este escenario para reabrir lo juzgado, ejercer sus facultades de ejecución. La sentencia no murió con la carta de cancelación; sigue viva para vigilar y ejecutar mediante represión de actos homogéneos .
Y a cada ciudadano le toca mirar la transmisión, guardar las actas y pedir la información. La sentencia que salvó al Bahuaja Sonene fue posible porque una organización exigió cumplir la ley, decenas de organizaciones se pronunciaron y una lideresa indígena habló ante los jueces. Esa red tiene que estar despierta el lunes.[29]
Un parque nacional no se valora como yacimiento: se cuida como patrimonio de la Nación. Todo lo demás es desacato con agenda extractivista irresponsable e inconstitucional.
Lima, 6 de noviembre de 2026
Henry Oleff Carhuatocto Sandoval
Director Ejecutivo de IDLADS PERÚ
[1]Cámara de Diputados, Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Agenda de la Octava Sesión Ordinaria, Período Anual de Sesiones 2026-2027. Lima; 2026 nov 9. Orden del día, punto 5.1.
[2]Carhuatocto Sandoval H. La intangibilidad del Parque Nacional Bahuaja Sonene. Lima: IDLADS PERÚ; 2026. Introducción, p. 24-27.
[3]Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Sentencia, Resolución N.° 10, Exp. N.° 08060-2024-0-1801-JR-DC-05. Lima; 2025 mar 26. Parte resolutiva. Reproducida en: Carhuatocto Sandoval H. La intangibilidad del Parque Nacional Bahuaja Sonene. Lima: IDLADS PERÚ; 2026. Anexo I.
[4]Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Sentencia de Vista, Resolución N.° 6, Exp. N.° 08060-2024-0-1801-JR-DC-05. Lima; 2025 jun 5. Parte decisoria. Reproducida en: Carhuatocto Sandoval H, ob. cit., Anexo II.
[5]Perupetro S.A. Carta N.° GGRL-PRCO-GFCN-01395-2025. San Borja; 2025 set 4; Quinto Juzgado Constitucional de Lima. Resolución N.° 15, Exp. N.° 08060-2024-0-1801-JR-DC-05. Lima; 2025 oct 21. Reproducidas en: Carhuatocto Sandoval H, ob. cit., Anexo III.
[6]Perupetro S.A. Carta N.° GGRL-PRCO-GFCN-01395-2025, ob. cit., segundo párrafo.
[7]Salazar Herrada E. MINEM ratifica ingreso al Candamo en 2028 y no descarta renegociar los contratos de exportación del gas de Camisea. Infobae [Internet]. 2026 ago 24 [citado 2026 nov 6]. Disponible en: https://www.infobae.com/peru/2026/08/24/minem-ratifica-ingreso-al-candamo-en-2028-y-no-descarta-renegociar-los-contratos-de-exportacion-del-gas-de-camisea/
[8]Poder Ejecutivo. Oficio N.° 245-2026-PR y Proyecto de Ley N.° 00098/2026-2031-CD, Exposición de Motivos, p. 292. Lima; 2026 ago 28. Citado en: Thais A. Gobierno busca modificar reglas sobre áreas protegidas, PIACI e hidrocarburos. Inforegión [Internet]. 2026 set 3 [citado 2026 nov 6]. Disponible en: https://inforegion.pe/gobierno-busca-modificar-reglas-sobre-areas-protegidas-piaci-e-hidrocarburos-los-posibles-riesgos-ambientales-del-pedido-de-facultades-legislativas/
[9]Congreso de la República, Centro de Noticias. Cámara de Diputados aprueba delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo [Internet]. Lima; 2026 oct 6 [citado 2026 nov 6]. Disponible en: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/camara-de-diputados-aprueba-delegar-facultades-legislativas-al-poder-ejecutivo/; El Comercio. El pleno del Senado aprueba otorgar al Gobierno facultades legislativas en 27 puntos [Internet]. Lima; 2026 oct 21 [citado 2026 nov 6]. Disponible en: https://elcomercio.pe/politica/en-vivo-pleno-del-senado-dictamen-sobre-delegacion-de-facultades-legislativas-al-gobierno-sobre-seguridad-ciudadana-y-fenomeno-el-nino-detalles-votacion-incidentes-apuesplan-noticia/
[10]Constitución Política del Perú. Arts. 45, 68, 118 inc. 9 y 139 inc. 2. Disponible en: https://www.congreso.gob.pe/Docs/constitucion/constitucion/index.html
[11]Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Decreto Supremo N.° 017-93-JUS. Art. 4 [Internet; citado 2026 nov 6]. Disponible en: https://jurispol.pe/5bf5
[12]Tercera Sala Constitucional de Lima. Sentencia de Vista, Resolución N.° 6, Exp. N.° 08060-2024-0-1801-JR-DC-05, ob. cit., considerando vigésimo octavo.
[13]Congreso de la República, Centro de Noticias. Comisión de Medio Ambiente citará a ministros y funcionarios por evaluación del potencial gasífero en Bahuaja Sonene [Internet]. Lima; 2026 oct 19 [citado 2026 nov 6]. Disponible en: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/?p=476039
[14]Constitución Política del Perú, ob. cit., art. 45.
[15]Tercera Sala Constitucional de Lima. Sentencia de Vista, ob. cit., considerandos vigésimo noveno, trigésimo y trigésimo primero.
[16]Congreso de la República, Centro de Noticias, ob. cit. (2026 oct 19).
[17]Boluarte M. En medio de cuestionamientos ambientales, Perupetro expuso el potencial gasífero de Candamo, ubicado dentro del Parque Nacional Bahuaja Sonene. Inforegión [Internet]. 2026 set 25 [citado 2026 nov 6]. Disponible en: https://inforegion.pe/en-medio-de-cuestionamientos-ambientales-perupetro-expuso-el-potencial-gasifero-de-candamo-ubicado-dentro-del-parque-nacional-bahuaja-sonene/
[18]Ley N.° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas. Diario Oficial El Peruano (Lima). 1997 jul 4. Arts. 21 y 22. Disponible en: https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Ley-N%C2%B0-26834.pdf
[19]Quinto Juzgado Constitucional de Lima. Resolución N.° 10, ob. cit., parte resolutiva.
[20]Constitución Política del Perú, ob. cit., art. 118, inc. 9.
[21]Diario Oficial El Peruano. Minam: áreas naturales protegidas son clave para la política ambiental y el desarrollo del país [Internet]. Lima: Editora Perú; 2026 set 14 [citado 2026 nov 6]. Disponible en: https://elperuano.pe/noticia/304698-minam-areas-naturales-protegidas-son-clave-para-la-politica-ambiental-y-el-desarrollo-del-pais
[22]Diario Voces. Polémica en el Congreso: Congresista Arturo Alegría califica la protección ambiental como una «moda» [Internet]. Tarapoto; 2026 oct 29 [citado 2026 nov 6]. Disponible en: https://diariovoces.com.pe/polemica-en-el-congreso-congresista-arturo-alegria-califica-la-proteccion-ambiental-como-una-moda/
[23]Ley N.° 26834, ob. cit., art. 21, literal a).
[24]Martínez Alier J. El ecologismo de los pobres: conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Barcelona: Icaria; 2005.
[25]Quijano A. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En: Lander E, compilador. La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Buenos Aires: CLACSO; 2000. p. 201-246. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100708034410/lander.pdf
[26]Atamain Uwarai Y. Intervención en la audiencia de vista ante la Tercera Sala Constitucional de Lima, 5 de junio de 2025. Citada en: Carhuatocto Sandoval H, ob. cit., epígrafe.
[27]Mongabay Latam. Perú: el impacto de los incendios forestales desnuda la falta de una política integral de manejo del fuego [Internet]. 2026 oct [citado 2026 nov 6]. Disponible en: https://es.mongabay.com/2026/10/peru-impacto-incendios-forestales-desnuda-falta-politica-integral-manejo-fuego/; IDLADS PERÚ. La protección del ambiente: «Ni moda romántica ni museos vivientes» [Internet]. Lima; 2026 oct 29 [citado 2026 nov 6]. Disponible en: https://idladsperu.org.pe/la-proteccion-del-ambiente-ni-moda-romantica-ni-museos-vivientes/
[28]Constitución Política del Perú, ob. cit., art. 68.
[29]Carhuatocto Sandoval H, ob. cit., capítulo X, apartado 10.9 «Qué hacer».
