Litigio estratégico ambiental e indígena en el Perú: Bases para la litigación climática
Litigio estratégico ambiental e indígena en el Perú: Bases para la litigación climática
Una democracia auténtica y real debe garantizar a sus ciudadanos las condiciones mínimas para que puedan desarrollar su personalidad como individuos y como colectividad y que les permita ir en búsqueda de su felicidad, satisfaciendo sus necesidades espirituales y materiales en armonía con la protección del ambiente y otras formas de vida.
¡Qué duda cabe! El fin supremo del Estado es la dignidad del ser humano en su esfera individual y colectiva, lo que implica permitir un desarrollo socioeconómico que garantice y coadyuve a la concreción de derechos humanos y a promover valores democráticos, como el derecho a un ambiente sano y equilibrado, la vigilancia ambiental, la participación ciudadana, el respeto de la diversidad étnico-cultural, desde la ciudad y lo urbano hasta lo andino, rural, amazónico y costeño. Una verdadera democracia nunca permitirá el desarrollo a cualquier costo, ni socavando los derechos ambientales, indígenas o laborales de sus miembros, para elevar la rentabilidad de su clase empresarial.
El litigio estratégico es un indicador de cuánta democracia existe en un país, al estar en juego la posibilidad de utilizar al proceso judicial como un medio para resguardar estos derechos fundamentales. También es ideal para abrir un espacio de diálogo social y político para la rendición de cuentas de medidas gubernamentales que impacten negativamente en el ambiente y los pueblos indígenas, y además de ello, para que grupos vulnerables se empoderen y sean visibilizados por una sociedad que los ha excluido de medidas administrativas o legislativas que, como Estado, venía desarrollando.
El litigio estratégico es una de las expresiones de libertad de pensamiento y el derecho de insurgencia, debido a que las acciones legales que se interponen implican un abierto disenso con las decisiones gubernamentales escasamente participativas, y la insurgencia desde el Poder Judicial implica cambiar modelos de desarrollo a través de las decisiones judiciales.
Las acciones legales emprendidas en la región revelan, sin duda, una posición de políticas ambientales claras sobre el desarrollo económico que no puede estar reñida con los individuos y colectivos que forman parte de la sociedad. Debe exigirse al Estado que no claudique ante las presiones de los grupos económicos y que tutele de manera efectiva y responsable el ambiente y los pueblos indígenas.
